La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitara una batería de medidas de prueba al juez Ariel Lijo, con el objetivo de profundizar el análisis sobre la evolución patrimonial del funcionario.

El requerimiento, según fuentes judiciales indicaron a Infobae, apunta a relevar información clave sobre bienes, vehículos y movimientos financieros que podrían estar vinculados tanto a Adorni como a su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La medida se enmarca en una causa que aún no tiene imputados, pero que comenzó a escalar tras la denuncia que puso bajo la lupa el crecimiento patrimonial del funcionario.

Entre los principales puntos solicitados, el fiscal pidió oficios a los registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de identificar inmuebles registrados a nombre del jefe de Gabinete o de su entorno familiar. También se requirió información a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor para determinar la titularidad de vehículos.

Además, la investigación buscará establecer datos vinculados a la vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. En ese sentido, se intentará verificar quién figura como responsable del pago de expensas, así como posibles cuotas sociales, aportes extraordinarios o permisos de obra que pudieran estar asociados a los investigados.

El pedido de Pollicita se basa en la necesidad de esclarecer la composición del patrimonio de Adorni ante la existencia de “motivos suficientes” para avanzar en la pesquisa, según consta en el expediente. Por ahora, el juez Lijo recibió el dictamen, pero aún no resolvió si hará lugar a las medidas solicitadas.

La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial cercano al 500% en un solo período fiscal. Según la presentación, existirían discrepancias entre las declaraciones juradas del funcionario, incluyendo la presunta omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos.

A esto se suma la incorporación de USD 24.500 en efectivo, cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares, así como una serie de viajes recientes que también quedaron bajo análisis. Entre ellos, un traslado a Nueva York como parte de la comitiva oficial y otro a Punta del Este en un vuelo privado, episodio que derivó en una investigación paralela.