El Gobierno decidió avanzar hacia un paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional. Este paquete incluye la modificación del Código Penal, que busca el endurecimiento de las penas en Argentina, así como leyes sobre propiedad privada, expropiaciones, tierras, ley de fuegos y regularización para la integración socio-urbana. También se menciona la Ley de Glaciares, la modificación de la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, todo bajo el argumento de compatibilizarlo con el equilibrio fiscal.

El gobierno intenta retomar una agenda controvertida y polémica, en un contexto donde surgen nuevas y graves revelaciones sobre el vínculo de Milei con Novelli en el caso Libra. En este marco, se menciona la reunión de la mesa política y la agenda parlamentaria de la libertad. La reunión tuvo lugar en el despacho del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la presencia de figuras clave como Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Luis “Toto” Caputo, entre otros.

Lo que llama la atención es la ausencia de las reformas estructurales que el presidente ha prometido en reiteradas ocasiones. En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, Milei mencionó que cada ministerio enviaría 10 leyes de reformas estructurales, sumando un total de 90. Sin embargo, en el listado presentado no hay ninguna de estas reformas, como la reforma tributaria, previsional o a la coparticipación. Este vacío resulta preocupante, especialmente dado el compromiso del gobierno con el FMI para avanzar en esta agenda.

Aunque la regularización dominial es importante, no se puede considerar como la solución mágica que transformará la economía. Se menciona el libro "El Otro Sendero" de Hernando de Soto, que propone que la propiedad de viviendas puede generar una revolución capitalista. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que estas ideas no siempre generan los resultados esperados.

En el ámbito de la industria minera, se está llevando a cabo un evento en Buenos Aires donde se discute la ley de glaciares. La actual legislación genera restricciones y genera inseguridad jurídica, lo que frena la inversión en el sector. Un empresario chileno expresó su interés en invertir en Argentina, lo que podría marcar una diferencia si se establece una legislación más lógica y amigable con la minería.

Sin embargo, las leyes propuestas se alejan de las promesas de reformas estructurales que Milei ha hecho desde su campaña. La pregunta que surge es por qué el presidente sigue postergando estos debates, especialmente ahora que cuenta con mayorías negociadas en ambas cámaras. La respuesta parece ser que no quiere asumir costos políticos que puedan afectar su coalición electoral, que considera frágil de cara al proceso reeleccionario del próximo año.

Además, existe la posibilidad de que el presidente, al haber ocultado información y mentido sobre el caso de la criptomoneda Libra, se haya convertido en un político más cauteloso, evitando reformas que contradigan su narrativa. El presidente no quiere pagar costos políticos, lo que revela que estamos ante un gobierno más especulativo que gradualista. Esto pone de manifiesto que, aunque Milei busca consolidarse en el poder, está postergando cuestiones fundamentales para su propio programa y para el futuro del país.