En una jornada de alta tensión frente al Palacio de Justicia, los 24 gremios estatales de Córdoba se movilizaron este viernes para rechazar las modificaciones al sistema jubilatorio incluidas en el Presupuesto 2026. 

Los sindicatos formalizaron una presentación judicial para que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad del nuevo mecanismo de cálculo, que incrementa las quitas sobre los aportes de los trabajadores activos.

La protesta se concentró sobre la calle Caseros, donde los referentes gremiales denunciaron que el tratamiento legislativo fue "exprés" y no permitió el debate necesario. 

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la medida es indispensable para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones, agravado por la falta de envío de fondos por parte del Gobierno Nacional.

El rechazo a la tesis del déficit

Uno de los discursos más contundentes fue el de Rubén Daniele, secretario general del SUOEM (municipales), quien reapareció públicamente para cuestionar la gestión de los recursos previsionales. Según el dirigente, el desbalance financiero no es responsabilidad de los trabajadores, sino de las decisiones políticas sobre los regímenes especiales.

Regímenes específicos: Daniele defendió la vigencia de los beneficios para policías, docentes y personal de salud.

Responsabilidad oficial: argumentó que, si la ley estableció condiciones especiales para el 90% de los aportantes, la autoridad debe garantizar los fondos sin recurrir a nuevos descuentos salariales.

Advertencia de conflicto: "Lo que hemos hecho hasta ahora no es nada al lado de lo que podemos hacer", señaló, anticipando una masificación de las protestas.

Judicialización y posible paro provincial

La estrategia gremial se divide ahora en dos frentes. En el plano judicial, los estatales esperan que la justicia ordinaria o, eventualmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) frene la aplicación de la normativa.

En el plano gremial, el escenario es de alerta máxima. Los sindicatos informaron que se encuentran a la espera de que la totalidad de la administración pública retome sus tareas tras el período vacacional para definir un plan de lucha. 

Se estima que en los próximos 10 días se resolverá si Córdoba enfrentará una medida de fuerza general que paralice la atención estatal en todo el territorio provincial.