Con el comienzo del mes de febrero, finaliza el receso de verano y retorna formalmente la actividad en la Legislatura de Santa Fe y entra en escena el debate de uno de los proyectos más complejos que está en agenda: la Ley Orgánica de Municipios.

Se trata de una iniciativa de alcance estructural que busca adecuar el régimen municipal a las disposiciones incorporadas en la reciente reforma constitucional y reemplazar una normativa vigente desde 1939. La intención del gobierno y del oficialismo era darle tratamiento y media sanción del Senado en la sesión prevista para el 5 de febrero. Sin embargo, la falta de acuerdos dentro de Unidos y la instancia de negociación con los demás espacios muy incipiente, el tratamiento se pasó - en primera instancia- a la sesión del 12.

Terminó el receso de verano y la Legislatura empieza a debatir la Ley Orgánica de Municipios

El Mensaje del Ejecutivo con el proyecto ingresó en el mes de diciembre con el objetivo de ser tratado y aprobado en las sesiones extraordinarias. Sin embargo, el receso de verano y la complejidad de la iniciativa hizo retrasar dicha idea. De todos modos, los contactos y reuniones informales —puertas adentro de los espacios políticos— comenzaron a concretarse a mediados de enero.

De cara al comienzo de la actividad formal, Unidos para Cambiar Santa Fe tiene previstas reuniones del interbloque de Diputados y del Senado y luego abrir la discusión a otros espacios políticos, donde se propondrán modificaciones.

“Esto fue nada más que un cascarón”, dijo a AIRE una fuente de la UCR en la Cámara baja y explicó que el Mensaje ingresado “es de análisis”. En ese sentido, agregó que “está habiendo de parte del socialismo y del radicalismo reuniones con sus referentes territoriales. Además, vamos a tener reuniones con referentes, como intendentes, presidentes comunales y concejales”.

Tras descartar que el tema sea abordado en la sesión del 5 de febrero, la fuente de la UCR tampoco descartó que el debate se traslade al período ordinario. “Si va todo bien, podría ser el 12. Y si no es ahí, seguirá en discusión”, precisó.

Por su lado, el socialismo tuvo su primera reunión de debate del proyecto la semana pasada. Pero están previstos más encuentros. Una fuente del partido de la rosa señaló a AIRE que la primera “fue una buena reunión, a sala llena” y confirmó que “hay miradas interesantes que tenemos que sintetizar”. Además, adelantó que van a realizar “aportes para enriquecer el texto” del mensaje enviado por el Ejecutivo. Algunos de esos temas son: organismos de control de los municipios y la cantidad de concejales por cantidad de habitantes.

Desde el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) indicaron que sus legisladores están “estudiando todo el tema de Ley Orgánica” y se reunirán para unificar en el transcurso de esta semana.

Fondo de Asistencia Educativa

Por su parte, un sector del peronismo alertó sobre la posibilidad de que el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) sea eliminado. Según indicaron, dicho fondo no aparece mencionado en la redacción de la Ley Orgánica de Municipios.

La diputada Celia Arena, del bloque Hacemos Santa Fe, advirtió que el proyecto de Ley Orgánica de Municipios, enviado por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, pone en serio riesgo la continuidad del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), una herramienta clave para el financiamiento de la infraestructura escolar en toda la provincia de Santa Fe.

Según explicó la legisladora, la iniciativa oficial elimina, por omisión o de manera deliberada, toda referencia al FAE, lo que implicaría que, de sancionarse la ley sin modificaciones, el fondo dejaría de existir.

“Sin la creación del fondo en la Ley Orgánica, la Ley 11.999 y el Decreto Nº 5085/68 dejarían de ser operativos porque no existiría el fondo que reglamentan”, señaló Arena.

La legisladora precisó que el artículo 13 de la actual Ley Orgánica de Municipios establece que los municipios deben destinar “el 10% como mínimo de sus rentas anuales al Fondo de Asistencia Educativa y a la promoción de actividades culturales”, haciendo además responsable personalmente al intendente por el incumplimiento de esta obligación.

“La ausencia de una norma de igual tenor en la nueva ley implica que la inversión municipal en infraestructura escolar quede librada a la discrecionalidad de cada gobierno local, borrando de un plumazo una política de Estado que lleva décadas en nuestra provincia”, advirtió.

Qué cambiará con la nueva Ley Orgánica de Municipios que impulsa el Ejecutivo provincial

Según se desprende del mensaje que acompaña la iniciativa, el proyecto propone una reorganización integral del sistema de gobiernos locales, con el objetivo de consolidar la autonomía municipal plena y dotar a los municipios de herramientas institucionales, económicas y administrativas acordes a las realidades actuales de la provincia.

La propuesta reemplaza a la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 2756 y se concibe como un régimen general y supletorio: será de aplicación para todos los municipios, aunque aquellos con más de 10.000 habitantes podrán dictar sus propias Cartas Orgánicas y establecer su propio diseño institucional, siempre dentro de los principios fijados por la Constitución.

Autonomía municipal como eje central

Uno de los pilares del proyecto es el reconocimiento expreso del municipio como una entidad política autónoma, con autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. En ese marco, se redefine el concepto de municipio como todo núcleo de población con vida propia que se gobierna bajo un sistema democrático, representativo y republicano. Los municipios que superen los 10.000 habitantes quedan habilitados a convocar a una Convención Municipal para sancionar su Carta Orgánica, lo que les permitirá definir su estructura de gobierno, sus órganos de control y sus mecanismos de participación ciudadana. Aquellos que no lo hagan continuarán rigiéndose por la nueva ley.

Clasificación por cantidad de habitantes

El proyecto introduce una clasificación de los municipios según su población, lo que impacta directamente en su organización institucional. Esta segmentación determina el número de concejales, los topes salariales de las autoridades, los requisitos para activar mecanismos de democracia directa y los límites al endeudamiento.

Desde el Ejecutivo se argumenta que esta diferenciación busca evitar esquemas uniformes que no contemplan las profundas desigualdades territoriales, demográficas y económicas existentes entre las distintas localidades de la provincia.

Régimen político e institucional

La iniciativa establece que intendentes y concejales tendrán mandatos de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección consecutiva. Además, dispone que las elecciones municipales se realicen en forma conjunta con las provinciales. En cuanto al funcionamiento institucional, se fortalecen las atribuciones de los Concejos Municipales, que amplían su rol de control sobre el Departamento Ejecutivo. Entre otras facultades, se les asigna la aprobación del presupuesto y de la cuenta de inversión, la autorización de endeudamiento, el control de concesiones y contratos, y la convocatoria a audiencias públicas.

Administración pública y transparencia

El proyecto incorpora principios de gestión moderna en la administración municipal. Establece el ingreso por concurso a la planta permanente, la estabilidad sujeta a evaluaciones de desempeño, la capacitación continua y un régimen claro de incompatibilidades. También se fijan obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y publicidad de los actos de gobierno, junto con la creación de sistemas de control interno y normas de ética pública.

Régimen económico y financiero

Otro de los capítulos centrales del proyecto es el régimen económico y financiero municipal. Allí se define la composición del tesoro municipal, integrado por recursos propios, coparticipación, transferencias, créditos y otros ingresos.

En materia de endeudamiento, se fija un límite máximo: los servicios de la deuda no podrán comprometer más del 25% de los recursos anuales del municipio. Además, se establecen distintos niveles de autorización según el monto y el tipo de crédito, reforzando los mecanismos de control legislativo. El texto también consagra principios tributarios como la legalidad, la equidad y la capacidad contributiva, y prohíbe expresamente la creación de tributos confiscatorios.

Ordenamiento territorial y ambiente

En línea con la reforma constitucional, la iniciativa incorpora un capítulo específico sobre ordenamiento territorial y ambiente. Establece la obligación de planificar el desarrollo urbano, regular el uso del suelo, incorporar la perspectiva climática y gestionar los riesgos ambientales. El Ejecutivo subraya que este enfoque busca articular crecimiento urbano, sostenibilidad ambiental y calidad de vida, atendiendo tanto a áreas urbanas como rurales y metropolitanas.

Participación ciudadana y democracia directa

El proyecto reglamenta los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución provincial, como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular, las audiencias públicas y la revocatoria de mandato. Los requisitos para su activación varían según la población del municipio, con el objetivo de garantizar su aplicabilidad real y evitar que se conviertan en herramientas de difícil acceso para la ciudadanía.

Asociaciones y regionalización

Finalmente, la propuesta habilita de manera expresa la asociación intermunicipal, la conformación de regiones y áreas metropolitanas, y la celebración de convenios con la Provincia, la Nación y otras jurisdicciones para la prestación de servicios, la ejecución de obras y la planificación de políticas públicas.

Desde el Ejecutivo sostienen que la nueva Ley Orgánica de Municipios busca consolidar un modelo de gobierno local más autónomo, previsible y eficiente, adaptado al nuevo marco constitucional y a los desafíos políticos, sociales y económicos de la Santa Fe actual.

Fuente: Aire Digital