Las cifras son conocidas desde hace décadas, pero el tema solo vuelve a escena cuando algún informe obliga a mirar lo que la política prefiere ignorar. Un nuevo mapa interactivo elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires permite identificar los niveles de arsénico en las aguas subterráneas de buena parte de la llanura argentina. El diagnóstico es preocupante: unos 4 millones de habitantes en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa consumen agua con presencia de arsénico.

No es un descubrimiento reciente ni un riesgo desconocido. Las napas contaminadas no afectan a los centros urbanos que se abastecen de cursos superficiales —como Córdoba capital—, pero sí comprometen a amplias regiones del país. El problema existe hace medio siglo, y sin embargo permanece atrapado en el círculo vicioso de la indiferencia, la falta de inversión y el centralismo más crudo.

Mientras millones de argentinos del interior pagan su agua —o directamente deben consumir la que tienen, aun con arsénico—, el Área Metropolitana de Buenos Aires recibió desde 2006 uno de los subsidios más desproporcionados e injustificados del sistema público argentino.

Aquel año, con las tarifas congeladas por decisión política, el entonces gobierno nacional estatizó AySA. La empresa pasó de 4.000 a casi 8.000 empleados en 2023. Se convirtió en un foco permanente de ineficiencia, acomodos y contratos sobrepreciados, sin inversión acorde y sostenida casi exclusivamente con subsidios.

El número es tan contundente como incómodo:

Entre 2006 y 2023, el Estado transfirió a AySA unos 12.200 millones de dólares, es decir, 700 millones por año para subsidiar a los usuarios de la zona más densamente poblada —y más barata— del país para prestar el servicio.

Para dimensionar el absurdo:

Un kilómetro de acueducto cuesta alrededor de 1 millón de dólares.

Con lo que se destinó al AMBA se podrían haber construido 700 kilómetros de acueducto por año, durante 18 años.

Es decir: mientras gran parte del interior toma agua con arsénico, financió con sus impuestos el agua más barata y pura del país a quienes viven a metros de una de las mayores fuentes de agua dulce del continente, el Río de la Plata.

Si hay una palabra para describir ese desequilibrio, no es técnica: es crueldad. Crueldad e injusticia combinadas con la corrupción estructural y la inercia política que naturalizó privilegios que hoy parecen intocables.

El agua, como casi todos los servicios públicos, quedó en manos provinciales tras las privatizaciones de los años '90. Pero no en el AMBA. Allí, la Nación retuvo el control del servicio, y con él, la obligación de financiarlo.

Ese desvío histórico generó una distorsión que se profundizó con decisiones políticas que priorizaron votos por encima de inversiones: tarifas congeladas, costos reprimidos y subsidios descomunales.

Mientras tanto, provincias como Córdoba y Santa Fe deben endeudarse para llevar agua potable a sus habitantes. No tienen la opción del subsidio infinito. Pagan lo que cuesta. Y aun así —o justamente por eso— fueron quienes financiaron el agua barata del AMBA durante casi dos décadas.

Hoy el gobierno de Milei insiste en privatizar AySA. Puede discutirse si es el camino apropiado. Pero lo que parece indiscutible es el principio básico: si la provincia de Buenos Aires y la Ciudad quieren mantener una empresa cara, sobredimensionada y mal gestionada, deben hacerlo con sus propios recursos. No con el aporte de quienes toman agua contaminada.

Esa es la verdadera discusión sobre federalismo, equidad y prioridades. No la de tarifas "crueles" o ajustes selectivamente indignantes.

¿Sabés qué es crueldad? Que durante 18 años la gente que toma arsénico, que bebe arsénico en el país, le haya estado dando el agua gratis al lugar donde el agua dulce es más barata en todo el país. Eso sí es crueldad. Crueldad, corrupción e idiotez.

Fuente: Cadena 3