La aparición de Rodolfo Aguiar en un streaming, este fin de semana, dejó algo más que una frase desafortunada. El secretario general de ATE —un dirigente con identificada militancia kirchnerista— dijo sin matices: “Nuestro trabajo es provocar la crisis de este Gobierno”. Ese reconocimiento explícito, que luego intentó relativizar, tuvo el efecto de una chispa sobre un clima político ya inflamable.

ATE, históricamente, intenta disputar protagonismo dentro del universo sindical estatal, donde UPCN conserva la representación mayoritaria. Pero Aguiar encontró en la reforma laboral —de la que aún no se conoce una versión escrita— un punto propicio para encender la confrontación. Antes incluso de conocer el contenido del proyecto, ya convocó a un paro. Nada nuevo para un gremio acostumbrado a liderar el repertorio más duro de protesta. Pero esta vez, el contexto político y económico le otorga otro significado.

La frase de Aguiar generó una reacción inmediata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que se trata de una amenaza contra el orden constitucional y denunció una posible violación de los artículos 226 y 226 bis del Código Penal. 

En otras palabras: para el Gobierno, no es una exageración sindical, sino una acción que busca “afectar el ejercicio del mandato popular”. La Justicia federal deberá determinar si hay delito o solo retórica desbordada. Pero, aun antes de la judicialización, lo dicho revela una estrategia política.

Porque aunque Aguiar parezca una “patrulla perdida”, no está completamente solo. Un sector del kirchnerismo viene alentando una lectura que podría resumirse así: la reforma laboral puede convertirse en el 'diciembre de 2017' de Milei. La comparación aparece con insistencia. En aquel momento, Mauricio Macri llegaba de ganar las elecciones legislativas con el 41,7%. Milei acaba de hacerlo con el 40,6%. Las cifras son similares, la narrativa también: un gobierno fortalecido intenta avanzar con reformas estructurales; la oposición ve una oportunidad para erosionarlo con un conflicto social masivo.

De hecho, el antecedente de la reforma previsional de 2017 funciona casi como un manual. Protestas multitudinarias, violencia, las célebres "14 toneladas de piedras" y un punto de quiebre en la relación del Gobierno con la sociedad y con los mercados. Quienes impulsan hoy este paralelismo creen que la historia podría repetirse. Que una fuerte reacción contra la reforma laboral permitiría generar un clima de deslegitimación similar. Que la calle puede volver a torcer el rumbo político.

Pero allí aparece el contraste sustantivo entre Macri en 2017 y Milei en 2024. En diciembre de aquel año, el gradualismo macrista había entrado en agotamiento: la inflación volvía a subir, el Banco Central fue forzado a bajar tasas, los inversores comenzaron a cortar el financiamiento y el déficit fiscal se ubicaba cerca de 6 puntos del PBI. El programa económico tambaleaba. Era un gobierno que llegaba debilitado al conflicto.

El escenario actual es diferente. Milei exhibe superávit fiscal primario del 0,4% del PBI a septiembre, un ajuste ya ejecutado, y una inflación que —con altibajos y sobresaltos— muestra tendencia descendente. No es un detalle menor. Si bien hay fragilidades, también hay una apuesta explícita del Gobierno y de los mercados por sostener el programa económico. No se trata de un equilibrio cómodo, pero, por ahora, es un equilibrio.

¿Alcanza esto para neutralizar la estrategia que algunos sectores de la oposición imaginan? No necesariamente. Pero deja en evidencia que el país no está parado sobre el mismo piso que en 2017. La pregunta no es si Aguiar se excedió —se excedió— ni si un sindicalista tiene derecho a convocar a protestas —lo tiene—, sino si existe hoy un clima social y político predispuesto a acompañar un intento de "provocar la crisis" del Gobierno desde la calle.

La frase del jefe de ATE importó menos por su contenido literal que por lo que dejó entrever: una parte de la dirigencia opositora todavía evalúa si es posible repetir la receta que debilitó a Macri. Pero la Argentina de 2024 no es la de 2017, la economía no está en el mismo punto y el propio sistema político está en una transición profunda.

Si Aguiar está solo o si lo seguirán otros es una incógnita. Lo seguro es que construir una crisis no es lo mismo que señalar un conflicto. Y que, más allá de la agitación sindical, la gobernabilidad —como siempre— tendrá que dirimirse entre la calle, la economía y el Congreso. No necesariamente en ese orden.

Fuente: Cadena 3