- En los últimos días la Corte, al igual que los integrantes de otros estamentos del Estado, juraron el nuevo texto de la Constitución. Más allá de la formalidad, ¿entiende que los cambios introducidos abren una nueva etapa institucional?

- Sin duda es un cambio. La reforma ha traído al plano constitucional nuevos derechos y garantías, algunos de ellos reconocidos por tratados internacionales, por la Constitución nacional. También por leyes, provinciales y nacionales, y respaldados por la jurisprudencia. La protección del medio ambiente, el derecho al consumidor, el habeas corpus, la participación activa de la víctima en el proceso penal. No es menor que hoy tengan un respaldo constitucional. A la vez, no hay que olvidar lo que decía Juan Bautista Alberdi, que la actualización permanente y la operatividad de la Constitución depende mucho de la función de los jueces.

- ¿Por ejemplo?

- Bueno, que en el derecho al consumidor se haya consagrado la gratuidad del proceso, se haya contemplado el consumidor vulnerable y se le haya dado legitimación activa a las organizaciones que los contienen (cuestión que abre la posibilidad de empezar a hablar de las acciones de clase), son temas en su momento contemplados en fallos de la Corte provincial; por ejemplo en el caso Proconsumer. Estos derechos me inducen a hacer una reflexión: el haber obtenido amparo legal y convalidación especial en muchos antecedentes de esta Corte, permiten que podamos decir que tienen operatividad. Por otra parte, hay copiosa jurisprudencia en cuanto a otorgar un amplio acceso y protección al derecho a la salud y a su cobertura.

Dicho esto, hay otros derechos consagrados en la reforma que están basados en políticas públicas que, para ser sustentables, requieren una intervención de los otros poderes del Estado. Presupuesto, recursos, entre otros aspectos, que seguramente van a incidir en su llegada concreta al hombre común. Pero marcan un sendero. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que, cuando se formula una reforma como ésta, nos estamos imponiendo un camino que nos lleve a hacer vivos, palpables, esos derechos.

Operatividad

- Usted marca ahí que algunos derechos requieren previsiones y una reglamentación acorde al objetivo constitucional, y otros ya son operativos de por sí.

- Claro. Son directamente operativos todos los que refieren a transparencia, la información pública, la participación ciudadana. Acá se consagran la iniciativa popular, el referendum, la consulta popular y la revocación del mandato; esta última una sorprendente novedad en el plano constitucional. Hay mucho por hablar sobre estas reformas, pero aprovecho a marcar que algunas invitan y convocan a un estudio profundo y responsable. Como el artículo 35, que por un lado consagra el derecho a la ciudad, y en su segundo párrafo el arraigo poblacional y la vinculación entre el entorno urbano y rural. Y continúa después con el derecho a la movilidad del transporte integrado. En este tema, por distintos motivos, ha quedado evidenciado lo bueno que es vivir en poblaciones que tengan un número de habitantes que haga posible servicios esenciales, seguridad, aceptables para una convivencia digna y a su vez el desarrollo individual.

- ¿A qué se refiere?

- A que ciudades que superen los 100.000 habitantes difícilmente puedan ver satisfechos adecuadamente estos valores, así lo indica la experiencia. Muchos pueblos medianamente pequeños (y hablo de esta provincia), tienen cubiertos estos servicios. Y otros, como los culturales, hoy llegan a través de múltiples formas, porque la virtualidad, la tecnología informática lo hace posible. Por eso, como prioridad a cubrir de los nuevos derechos que consagra la Constitución, es fundamental el derecho a la conectividad para todos sus habitantes.

Hay otro artículo que me invita a ponderar es el que llama a una defensa activa de la democracia y las sanciones que la quebrantan, consagración expresa y detallada de las consecuencias para quienes atenten contra el orden democrático, donde se incluye como un atentado a la democracia el de quien incurra en graves delitos dolosos contra el Estado que impliquen enriquecimiento.

Por último, no puede dejar de mencionarse la consagración de la autonomía municipal que, al estar contemplada en la Constitución nacional, había engendrado sentencias de la Corte nacional que nos llamaba a cumplir con esta manda. Es decir, la dinámica constitucional requiere atención permanente para lograr su efectividad.

- ¿Y esto cómo se hace?

- De manera sostenida. Nosotros venimos ahora de una jornada interprovincial con especialistas para trabajar sobre la actualización del baremo, que apunta a modernizar los parámetros con los que cuenta el sistema de Riesgos del Trabajo para evaluar el daño laboral de manera más eficaz. Terminamos de hacer el Tercer Congreso sobre Derechos Humanos, que cerró un ministro de la Corte Interamericana de derechos humanos, con la cual hemos tenido vínculos permanente y un compromiso muy fuerte de los jueces santafesinos con respecto a su jurisprudencia. Todo esto requiere capacitación permanente. Lo mismo sucedió con la aplicación de nueva legislación, como la ley Micaela o de protección del medio ambiente, con un compromiso constante. Que es el mismo que hay que tener ante cada cambio legislativo o de la propia demanda de la sociedad, cuánto más cuando se trata de reformas en la Constitución.

Rediseño del Poder Judicial

- En particular, son muchos los cambios introducidos que impactan sobre el Poder Judicial como tal. Desde los propios mecanismos de designación de los jueces...

- Así es. La incorporación del Consejo de la Magistratura, su integración, y algunos principios que consagra, como la elevación al Poder Ejecutivo de propuestas de las que habla el artículo 139 en adelante, que ahora pasan a ser vinculantes: eso es importantísimo. Y se integra con un juez, fiscal o defensor, un diputado y un senador, un abogado que representa a los colegios y un profesor por concurso de las universidades con sede en la Provincia, que incluiría a las universidades privadas.

Lo mismo en lo que respecta al enjuiciamiento de los jueces, en el artículo 142, con la conformación del tribunal con un ministro de la Corte, el Fiscal o Defensor General según corresponda, y dos jueces, fiscales o defensores, también según corresponda; más tres senadores, tres diputados y tres abogados.

En lo particular, me hubiese gustado más equilibrio en la composición. De todos modos, hasta ahora había una disparidad muy grande: estaba toda la Corte, más dos abogados y dos legisladores. Había un desbalanceo a favor de los miembros del Poder Judicial; ahora hay un desbalanceo para el otro lado. Por otra parte, hay que tomar en cuenta también la responsabilidad que tiene cada uno que va a desempeñar esos cargos. Hasta ahora, a pesar de la mayoría, cada uno de los integrantes de la Corte actuaba con una responsabilidad individual muy grande, y más de una vez hemos votado distinto. Confiamos en que con la nueva composición va a ocurrir lo mismo, con la misma muestra de responsabilidad, de idoneidad, de compromiso.

- ¿Y qué opina de la nueva integración de la Corte, con siete ministros, que ya había empezado a funcionar por ley?

- Es favorable, y era un viejo reclamo nuestro, yo lo dije en varios reportajes. En principio, el número impar evita en caso de empate tener que designar un camarista como conjuez; cuestión que atentaba contra la seguridad jurídica, porque quizás quien fuese sorteado pudiese tener criterios distintos en cada caso; a veces en temas de tanta importancia como las técnicas de fertilización asistida y el descanso dominical.

El fallo de Corte tiene que tener una fuerza muy grande, que no es solo por los argumentos, sino también porque es el voto de sus miembros naturales. Estamos construyendo jurisprudencia. Entonces, puede haber voto dividido, por supuesto, pero que sean de los miembros originales de la Corte.

- Más allá de esta construcción de jurisprudencia, hay una necesaria responsabilidad vinculada a los nuevos institutos y procedimientos...

- Si, no solo por las reformas constitucionales. Todo este año y el año pasado la Corte ha desarrollado una labor para acompañar nuevas leyes sancionadas por la Legislatura, y su puesta en funcionamiento. Es el caso del juicio por jurados (que ya se llevó a cabo en dos ocasiones y requirió un importante despliegue logístico dispuesto por esta Corte), la desintegración de tribunales colegiados que pasaron a ser unipersonales, la fusión de la competencia de distrito con la de circuito, haber asumido la competencia del narcomenudeo que antes era federal. La digitalización completa del Poder Judicial, lo que implica la despapelización integral de más de 500.000 expedientes. Y, naturalmente, los nuevos edificios: el de Casilda, que está en un 94% de ejecución; la ampliación de los tribunales de San Lorenzo, que se podrán inaugurar este año; la construcción del segundo cuerpo para el Palacio de Tribunales de Santa Fe, materializado en un 90%, que esperamos esté concluido el año que viene. Y bueno, la informatización y digitalización de 75 Juzgados de pequeñas causas, que cuentan con internet y firma digital, además de la puesta a disposición de inteligencia artificial IA para todos los magistrados del Poder Judicial.

Pero además hay disposiciones en orden a la autonomía del Poder Judicial que son muy trascendentes. Por ejemplo, al mismo tiempo que se está dando curso a un reclamo que sostuvimos de nombramientos y ascensos demorados, y que dieron lugar a muchos planteos de amparo de los trabajadores, a partir de ahora eso va a estar en manos del propio Poder Judicial, y ya no del Ejecutivo. Creo que es algo a destacar, al igual que la próxima implementación del fuero electoral, sacando esa competencia de la órbita de la Corte y dejándola en tribunales específicos. Y es importante que cada uno de estos cambios se implementen en un marco de colaboración, diálogo y consenso.

- Es una forma de garantizar que se respete la voluntad constituyente...

- Que me parece siempre está ligada al desarrollo económico, a hacer una sociedad más justa, más equilibrada. Que es a lo que todos aspiramos, vivir en una sociedad mejor en todos los sentidos. Nosotros tenemos Por eso siempre recalco que la demanda que hay hacia el Poder Judicial muchas veces lo desborda, porque nosotros podemos resolver casos particulares, pero no políticas de Estado. Y ahí está el rol tanto del convencional como del legislador común, además del Ejecutivo. Y el rol del Poder Judicial es asegurar que eso se cumpla, de la manera más sensata posible.

Tensiones, diálogo y reclamos

- Usted habla del diálogo entre poderes, pero no se puede dejar de lado la tensión generada en orden a la voluntad del gobierno de renovar la Corte.

- Nosotros nos hemos mantenido callados, no hemos entrado a ninguna polémica pública. Pero yo tengo que partir de decir que en las decisiones que nosotros tomamos, en todas las sentencias, con este gobierno, con los anteriores, nunca intervino ninguna presión de los otros poderes del Estado o de alguna corporación particular.

Si uno no sintiera que está trabajando en base a ese principio, debería irse. Pero no es así, y tanto mis votos como los de mis colegas son producto del propio criterio, del estudio, de la razonabilidad. Así que la ciudadanía santafesina tiene que saber que la Corte hace su trabajo con total independencia. Podrá haber discusiones, o como usted dice, momentos de tensión. Pero eso no incide de ninguna manera en el plano jurisdiccional.

- Como contrapartida, también hay reclamos de parte de la Corte…

- Sí, para garantizar un buen funcionamiento de la Justicia. Nunca hemos dejado de reclamar la cobertura de las vacantes, que habían llegado a un nivel de atraso alarmante por la acumulación de expedientes, y que obligaba a que en algunos fueros, los jueces tuviesen que dictar 170 fallos por año; una sentencia cada día y medio. Llegamos a superar el centenar de vacantes. Eso afecta al servicio de Justicia, lo que es decir al ciudadano. Porque habrá digitalización, inteligencia artificial y acceso sin pasar por el papel, pero para resolver es necesaria la presencia de los jueces. Por suerte tengo que decir que, aunque hubo demoras, ya se están enviando y aprobando pliegos, que representan aproximadamente un 35% de los cargos vacantes. Eso empieza a paliar la situación.

Lo que esperamos, y así lo hemos manifestado a los funcionarios del Ejecutivo, es que esta impronta que asumimos este año de trabajar en conjunto, con reuniones prácticamente semanales para definir las vacantes más urgentes y acelerar los concursos, se mantenga. Y que el Consejo de la Magistratura se expida con celeridad.

También quiero destacar algo muy requerido para el fuero laboral, que es la posibilidad de contar con peritos médicos pertenecientes al Poder Judicial para intervenir en causas de accidentes y enfermedades. De la misma manera, en el fuero de familia, frente al gran número y la complejidad de los casos, los jueces necesitan como respaldo de sus decisiones contar con un cuerpo especializados de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales, que suministren elementos para fundar las decisiones y facilitar la respuesta a las demandas de la comunidad.

Fuente: El Litoral