Ayer, el club Deportivo Español de Buenos Aires tomó una decisión que, lejos de pasar desapercibida, encendió un debate sobre la libertad de expresión, los derechos políticos y la supuesta neutralidad ideológica de las instituciones. 

El club anunció la desvinculación de su representante legal, Fernando Mezzina, por un motivo tan peculiar como preocupante: Mezzina tocó el teclado en la banda que acompañó al presidente Javier Milei en un acto político reciente, luciendo la camiseta del club. 

Según el comunicado oficial, la desvinculación fue de “común acuerdo” y sin “mala intención” por parte de Mezzina. Sin embargo, el club justificó su decisión argumentando que busca respetar su ideal de “apoliticidad” y la “diversidad de pensamientos” de sus socios, en un intento de desvincularse de cualquier representación ideológica que el accionar de Mezzina pudiera implicar. 

El caso es, cuanto menos, confuso. 

Por un lado, Deportivo Español asegura que su decisión responde al respeto por la diversidad y la democracia. Por otro, la desvinculación de Mezzina parece ser una reacción directa a su participación en un acto político, lo que contradice el supuesto compromiso con la pluralidad de ideas. 

Si el club realmente valora la diversidad de pensamientos, ¿por qué sancionar a una persona por ejercer su libertad de expresión? Más aún, ¿por qué hacerlo público con un comunicado que parece gritar una postura, como si el club quisiera dejar claro que no comparte las ideas asociadas al acto en el que participó Mezzina? La camiseta de un club de fútbol no representa una ideología política.

Los hinchas de cualquier equipo, desde los más grandes hasta los más chicos, son un mosaico de creencias, orientaciones y preferencias políticas. Nadie espera que un club como Deportivo Español encarne una postura partidaria, precisamente porque las instituciones deportivas no son partidos políticos. 

Sin embargo, al desvincular a Mezzina por usar la camiseta en un acto político, el club parece estar diciendo que sí tiene una postura ideológica, o al menos que se siente incómodo con ciertas expresiones políticas. Esto plantea una pregunta: ¿no es esta decisión, en sí misma, un acto de intolerancia disfrazado de neutralidad?

El caso no es aislado. Recordemos, por ejemplo, el despido de Osvaldo Giordano como titular de Anses, motivado por el voto de su esposa, la diputada Alejandra Torres, en contra de un proyecto del gobierno de Milei. Giordano, como Mezzina, fue castigado no por sus acciones, sino por una asociación política que incomodó a terceros. O pensemos en la AFA, donde figuras como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino manifestaron abiertamente su apoyo a Sergio Massa en las elecciones de 2023, incluso emitiendo comunicados oficiales desde el Consejo Federal de Fútbol. Curiosamente, en esos casos, Deportivo Español, que forma parte de la AFA, no alzó la voz para reclamar “apoliticidad” ni respeto por la “diversidad ideológica”. 

Este doble estándar pone en evidencia una tendencia preocupante: la intolerancia hacia ciertas expresiones políticas, mientras otras se toleran o incluso se celebran. ¿Qué pasaría si un docente universitario, luciendo el escudo de su institución, participa en una manifestación? ¿O si un gremio o facultad convoca a votar por un candidato, ignorando la diversidad de sus miembros? 

Estos ejemplos muestran cómo las instituciones, en nombre de una supuesta neutralidad, a veces terminan coartando los derechos políticos de las personas, que tienen todo el derecho de manifestar sus ideas sin temor a represalias.

¿Es legítimo que una institución sancione a alguien por sus actividades políticas fuera de su rol profesional? ¿No es esto una forma de discriminación ideológica? La “apoliticidad” que proclama Deportivo Español parece más una excusa para imponer una postura que una defensa genuina de la diversidad.

Fuente: Cadena 3