Los bloques opositores de la Cámara de Diputados avanzarán este martes con el tratamiento del proyecto de ley que impone restricciones al Poder Ejecutivo para el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia, y obliga a que sean convalidados por las dos cámaras legislativas para conservar vigencia.

La reforma ya tiene media sanción del Senado, y llegaría al recinto en la sesión del 1 de octubre, con la idea de que se convierta en ley. Como el gobierno ya anticipó que vetará la eventual sanción, la cuestión podría derivar una vez más en una medición de fuerzas entre ambos poderes.

Luego de que en la última sesión la oposición aprobara un emplazamiento, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento, se reúne este martes para tratar las modificaciones al régimen de DNU, en tanto que el martes 30 de septiembre se pasará a la firma para que la iniciativa pueda ser votada en el recinto de inmediato.

El proyecto de ley cuenta con la media sanción del Senado donde fue aprobado con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones el pasado 4 de septiembre. El año pasado el tema comenzó en la Cámara baja, pero en aquella oportunidad no tuvo suficiente respaldo para progresar.

Qué dice la reforma

El primer punto sobresaliente del proyecto aprobado por más de dos tercios en la Cámara alta establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas Cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos.

Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el tramite legislativo de blindaje a los DNU: en caso de que prospere este nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial.

El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es establecer que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia. Con la legislación actual vigente, un DNU solo será derogado por el rechazo de las dos Cámaras del Congreso de la Nación.

La excepción como norma

La regulación de los DNU como facultad del Poder Ejecutivo, pero a la vez condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, fue introducida por la reforma constitucional de 1994 como parte del bloque orientado a la atenuación del presidencialismo.

Algunos de los institutos generados en ese marco resultaron eficaces a tal efecto (como el Consejo de la Magistratura), otros inocuos (como la jefatura de Gabinete) y otros terminaron revirtiendo el propósito original por efecto de la regulación legal posterior.

Tal es el caso de los DNU, que más allá del mayor uso o abuso que hayan realizado de ellos las sucesivas administraciones, terminó sobredimensionando las atribuciones legislativas del Ejecutivo, como advierten de manera coincidente los especialistas.

Sobre todo a partir de una reforma impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner cuando gobernaba su esposo Néstor, y que después fue aprovechada por cada una de las gestiones siguientes.

Con el Gobierno de Javier Milei esto empezó a ocurrir un poco más, pero realmente es muy difícil para cualquier oposición juntar mayorías en ambas cámaras del Congreso para tumbar decretos.

En el último tiempo sucedió con el DNU sobre fondos reservados de la SIDE, el decreto delegado que eliminaba Vialidad, el que reestructuraba y reducía el INTA y el INTI, la reestructuración del Banco Nacional de Datos Genéticos, de organismos de Cultura y el DNU que modificó el régimen de la Marina Mercante.

"El principio general en materia de decretos del Presidente, ya sea los decretos delegados, los decretos de urgencia y la promulgación parcial de leyes parcialmente vetadas, es prohibitivo. Sólo aparece la excepción cuando las circunstancias impidieran el proceso normal de sanción de las leyes. De todas maneras, excluye cuatro materias: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral. Pero el presidente lo toma como que fuera una facultad regular, como si el presidente fuera electo de una manera independiente del marco jurídico del país. Y no es así", consignó en su momento en constitucionalista Daniel Sabsay a El Litoral.

La idea de la oposición es llevar este tema a una sesión especial el 1 de octubre, en el marco de un temario que también incluiría los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto sobre ATN, y la derogación de los decretos sobre identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.

Fuente: El Litoral