Y además, en medio de todo eso, renunciaron los abogados defensores del exfuncionario libertario, Juan Aráoz De Lamadrid y Ignacio Rama Schultze, aduciendo "motivos personales".

A su vez, el juez Casanello denunció al jefe de sistemas de la Suizo Argentina por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”.

Picardi trabaja sobre una hipótesis central: la presunta existencia de una ruta de sobornos que involucraría a funcionarios del gobierno nacional y a la compañía que a su vez, es la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS.

Durante la noche del jueves, el consultor Fernando Cerimedo realizó una declaración testimonial ante el representante del Ministerio Público Fiscal. En primer lugar, según contó Clarín, negó haber sido él quien grabó y filtró las conversaciones con Spagnuolo.

Cerimedo le dijo al fiscal que en diversas ocasiones, Spagnuolo “había hablada de hechos de corrupción, de posibles coimas”. En sede judicial indicaron a Clarín: “Confirmó con sus dichos el esquema de corrupción. Confirmó que le dijo lo mismo que se escuchó en los audios”.

Después de esa declaración testimonial, la justicia profundizó la investigación y pidió en la sede del Banco BBVA que se le proporcione toda la información vinculada a Diego Spagnuolo: así se dio con una caja de seguridad en la que se habrían hallado 80.000 dólares.

Todo aquello vinculado al movimiento de dinero es importante para la investigación. La fiscalía continúa esperando el envío de la documentación después del levantamiento fiscal y bancario ordenado por el juez Casanello, vinculado a Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, y Diego Spagnuolo.

Este viernes los efectivos de la Policía de la Ciudad también se dirigieron a los barrios privados en los que residen los Kovalivker y los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini. Allí se exigieron los ingresos y egresos desde comienzos de 2024.

La denuncia que dio origen al expediente se sustentó en los audios tomaron estado público y apunta contra Javier Milei, Karina Milei; Eduardo “Lule” Menem, Spagnuolo y los Kovalivker.

El texto judicializado sostiene que “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública".

En los allanamientos del viernes de la semana pasada, el fiscal Picardi ordenó que se secuestren mails y toda la documentación sobre vínculos comerciales. Esto tiene que ver con un pedido puntual de retirar de la Agencia y de la droguería “más expedientes de compra de medicamentos”, como explicaron fuentes allegadas a la causa.

Fuente: Diario Panorama