El proyecto había sido aprobado el 21 de agosto en Diputados con 158 votos a favor, 75 negativos y 5 abstenciones, pero sin alcanzar los dos tercios. Establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación, además de la convocatoria a paritarias y el refuerzo de becas.

La Casa Rosada rechazó la norma por considerar que implica un costo fiscal "superior a un billón de pesos" y que no se especificaron fuentes de financiamiento "concretas y suficientes". "Este gasto sin respaldo real sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables", argumentó el Gobierno en los considerandos del veto.

Repercusiones

La comunidad académica respondió de inmediato con medidas que ya había anticipado cuando el veto era aún una amenaza. Desde la Conadu Histórica, gremio madre del local Adul, anunciaron la adhesión al paro docente y no docente de este viernes en todas las universidades nacionales, junto con actividades de visibilización en cada provincia.

Además, confirmaron que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con los gremios y federaciones estudiantiles, ya convocó a la tercera Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. "Si hay veto, hay marcha", se venía repitiendo desde hace un tiempo atrás.

Consultado por El Litoral, Mammarella manifestó su descontento con el veto. "Sin dudas que uno se siente decepcionado, porque cuando se mira los argumentos, el propio decreto reconoce el atraso salarial. Al mismo tiempo que sale una inflación del 1,9% mensual, se asigna un 1,3% mensual para docentes y no docentes. Además, el Gobierno paga 3,9% de interés en licitaciones de Lecaps. Con lo que cuestan 6 meses de intereses de esas operaciones, se financiaría este proyecto", calculó el rector.

Según advirtió, la situación dentro de las casas de estudio "se agrava día a día" y remarcó que "todo esto ocurre porque no hay ley de presupuesto. Es condición imprescindible para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento pleno de las universidades y la continuidad de nuestras actividades académicas, de investigación y extensión", afirmó, al tiempo que añadió: "Hoy los recursos están, el tema es la asignación. Si no hay prioridad en la asignación, pasa lo que estamos viendo con discapacidad, con salud y con la universidad".