Pero hay otra ley que está bajo observación y es la que estableció normas para el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que tiene un ingrediente particular: fue impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA. En tiempos en que el Ejecutivo dice querer recuperar el vínculo con los mandatarios provinciales, un veto a esta norma podría empantanar el camino del diálogo. A menos que haya una moneda de cambio.

Hasta este martes los gobernadores no habían recibido una invitación formal para participar de una mesa de diálogo y se mostraban, cuanto menos, escépticos. Este miércoles el gobierno avanzó un casillero al designar a Lisandro Catalán como ministro del Interior, un cargo que, como el nombre lo expresa, opera de nexo con las provincias y que hasta este momento desarrollaba, como tantas otras funciones, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

Fue Francos quien anunció el nuevo lugar que ocupará Catalán, una decisión que se tomó en el seno de la tercera reunión de gabinete que miembros del Ejecutivo celebraron en dos días.

En el anuncio, Francos dijo que la designación de Catalán se hizo "siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines". Esta es la palabra clave, "afines", porque hasta el momento se ignora si los 24 participarán del convite oficial.

Es más, según Francos "en esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio".

"Para la foto" no

Por lo pronto, los mandatarios que integran Provincias Unidas (Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Santa Cruz, Chubut y, recientemente, Corrientes) se reunirán el viernes en Río Cuarto para acordar una estrategia en común. El santafesino Maximiliano Pullaro ya anticipó que no se puede desconocer una invitación si viene del Presidente, pero avisó que tiene varios temas para incluir en la charla, como el reclamo por la suspensión de la obra pública, la defensa de las universidades y los recortes en distintas áreas que dispuso la gestión nacional desde el 10 de diciembre de 2023.