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ECONOMÌA

26 de noviembre de 2017

Las reformas del gobierno y el costo político

Resulta mucho más cómodo hacer frente a cualquier cuestionamiento de los jubilados.

Esta semana quedó muy claro que a oficialismo y oposición les resulta mucho más cómodo hacer frente a cualquier cuestionamiento de los jubilados, un sector con menor poder de movilización, que despertar al monstruo dormido que pueden representar las organizaciones obreras (valga la redundancia) organizadas, movilizadas y unificadas. Como un trámite legislativo de rutina, el proyecto de reforma previsional logró despacho de comisión en el Senado esta semana y para eso el gobierno sólo debió aceptar cambios en el cálculo de movilidad, imposibles de esquivar atendiendo a la burda propuesta inicial de movilidad jubilatoria, que fue calificada como "muy pobre e insignificante" por el senador Miguel Angel Pichetto, quien comanda el bloque del FpV en el Senado y el que puede garantizarle a Cambiemos el número necesario para avanzar en la Cámara alta. Fue un trámite expedito y también la llave que abrió el respaldo legislativo para el nudo gordiano del paquete de reformas que el gobierno nacional intenta encarar y que contiene además la fiscal y la laboral. Al punto tal la voracidad oficial de ir por la caja de la Ansés para reducir el autoprovocado y engrosado déficit fiscal, que esta semana se conoció que el recorte de las jubilaciones duplicará lo que se pagó de reparación histórica, el programa que el gobierno de Cambiemos presentó como una bandera de la equidad para el sector pasivo. El total destinado a este programa entre julio de 2016 y octubre de 2017 en concepto de retroactivo e incremento de haberes suma 36.531 millones de pesos según datos de Ansés, mientras que el gobierno pretende ahorrarse entre 60 mil y 70 mil millones de pesos con el cambio de índice de movilidad, según publicó el diario La Nación. Menos coraje político expresaron desde el Senado respecto de la reforma laboral. Fue el propio Pichetto quien anunció que dilatará hasta el recambio legislativo el tratamiento de esta iniciativa que modifica sustancialmente las conquistas de los trabajadores e introduce, bajo la figura de la modernización en la relación laboral, prácticas flexibilizantes. Pichetto dejó en claro que no serán los legisladores los que asumirán todo el costo de esta medida. Y por eso fue taxativo cuando apuntó directamente al triunvirato de la CGT, que no fue a defender la iniciativa al Senado y hasta deslizó algunas críticas al proyecto que ya había consensuado con el ministro Jorge Triaca, desde el Vaticano, donde participan de la cumbre mundial de movimientos de trabajadores. "Decidimos postergar el tratamiento de este tema hasta la nueva conformación del Senado y hasta que la CGT unifique en una sola voz si existe voluntad de avanzar en la reforma laboral", dijo el senador también esquivando cualquier sospecha que pueda recaer sobre los que respalden la medida, mucho más luego de que Pablo Moyano deslizó que esta reforma se parece a "otra Banelco", en referencia a las denuncias de sobornos durante la aprobación de una ley similar durante el gobierno de la Alianza. Patear la pelota para adelante pone paños fríos a un tema que ya comenzó a calentarse en el territorio y puede terminar en nuevo armado sindical, que algunos ya le pusieron nombre: la CGT Luján, un nucleamiento que tomó forma esta semana cuando varios gremios encabezados por dos grandes como Camioneros y Bancarios anunciaron que se movilizarán contra la reforma laboral, quizás reeditando lo que ocurrió en los 90 con el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), el grupo de gremios disidentes que encabezó Hugo Moyano para enfrentar a las políticas neoliberales del menemismo. Unificación que también encontró un anclaje regional en el Movimiento Obrero Rosarino (MOS), que sumó voces y poder de acción frente el embate a las conquistas laborales. No sólo estos gremios ya manifestaron su oposición lisa y llana al proyecto oficial, sino que además algunos como Bancarios fueron por más e hicieron punta en una medida que ningún sindicato encaró: la activación de la cláusula gatillo para reabrir la paritaria, poniendo en cuestión no sólo el disciplinamiento oficial sobre la pauta salarial, sino también en evidencia que la pauta inflacionaria que se trazó el gobierno a través del Banco Central es una construcción que sólo puede creerse su titular Federico Sturzenegger, quien, mientras argumenta que el nivel de precios desacelera, no saca el pie del acelerador de las tasas de las Lebac. Varios frentes abiertos para 2018.

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