la Cámara de Diputados de la Nación dio un paso que expone, con claridad, la existencia de un "partido de la inflación" que domina el Congreso. Con 158 votos a favor, se aprobaron iniciativas como la ley de financiamiento universitario, que, aunque suena noble, refleja un problema estructural: la incapacidad de vivir dentro de los límites de lo que la sociedad argentina puede pagar. 

En contraposición, solo 75 legisladores, el "partido de la sociedad", defendieron la necesidad de un Estado que no gaste más de lo que recauda. En Córdoba, por ejemplo, 16 diputados apoyaron esta fiesta presupuestaria; mientras que solo Laura Rodríguez Machado y Gabriel Bornoroni se opusieron. La línea está trazada: inflación o responsabilidad fiscal.

El debate no es solo sobre universidades, sino sobre un concepto más profundo: ¿puede el Estado seguir gastando como si tuviera recursos infinitos? La diputada Gabriela Brouwer de Koning afirmó que no es necesario especificar de dónde sale el dinero para financiar estas leyes, ya que "solo se actualizan las partidas del presupuesto 2023 por inflación". Esta lógica, aunque suena razonable, es falaz. 

Actualizar todas las partidas por inflación es insostenible, porque el Estado argentino lleva décadas gastando más de lo que recauda. Como en una pizza de ocho porciones, el Estado se come diez, y las dos que faltan las cubre con emisión monetaria (inflación), deuda (hasta entrar en default) o más impuestos que asfixian a la economía.

El problema se agrava porque no solo se actualizan partidas, sino que se crean nuevos gastos. En diciembre de 2023, por ejemplo, se aprobaron una docena de nuevas universidades, incluida una en Río Tercero impulsada por la propia Brouwer de Koning. ¿De dónde salió el dinero para eso? Nadie lo explicó. No se propuso recortar, por ejemplo, una porción del presupuesto de la UBA para financiar estas nuevas instituciones. Esto no es "actualización"; es gasto nuevo, puro y duro.

Además, está la cuestión de la racionalidad. Tomemos la Universidad de Villa María, creada para atender una región específica. ¿Es lógico que tenga una sede en Córdoba capital, ofreciendo carreras que compiten con las de la UNC? Nadie cuestiona estas decisiones bajo el paraguas de la "autonomía universitaria". Pero autonomía no significa carta blanca para gastar sin control. Hay carreras obsoletas, que ya no tienen demanda, que siguen vigentes porque nadie se atreve a tocar los privilegios de ciertos sectores. Incluso se habla de "carreras tumberas" en la Universidad de La Plata, con alumnos que incluyen presos porque no hay suficiente matrícula. ¿Es esto racional?

El Congreso no solo ignora estas ineficiencias, sino que añade más carga al sistema. Las leyes aprobadas no solo actualizan por inflación, sino que exigen paritarias como piso y más beneficios, como becas adicionales. Esto no es solo mantener el gasto; es aumentarlo. Y nadie dice de dónde saldrán los fondos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el costo de la ley universitaria será de $1.059 millones; mientras el Gobierno habla de $1.500 millones. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos, pero el hecho de que no haya claridad sobre las cifras es alarmante.

Este esquema no es nuevo. En 2022, Sergio Massa, entonces ministro, recortó recursos para discapacidad, educación y salud, generando protestas. Hoy, los mismos que criticaban esos ajustes votan por leyes que disparan el gasto sin explicar cómo pagarlo. Es un círculo vicioso: el Estado gasta de más, genera inflación, y los primeros en recuperar sus ingresos son los empleados públicos, mientras el sector privado, que paga los impuestos, queda rezagado.

El "partido de la inflación" —kirchneristas, los Llaryora, los Pullaro— se unieron para perpetuar este modelo. Pero la sociedad, que aporta las "ocho porciones" de la pizza, no puede sostener un Estado que insiste en comerse diez, once o más. Hay que racionalizar el gasto, eliminar ineficiencias y vivir dentro de lo que la economía permite. De lo contrario, la inflación seguirá siendo el impuesto no legislado que castiga a todos, especialmente a los que menos tienen.

¿Es ignorancia, incapacidad de sumar o una estrategia electoral para ganar votos a costa de la estabilidad económica? Sea cual sea la respuesta, el camino actual nos lleva al mismo lugar: más inflación, más deuda, más crisis. O seguimos con la fiesta presupuestaria o empezamos a construir un Estado responsable. La sociedad ya no puede pagar más.

Fuente: Cadena 3