Asimismo, las medidas sancionadas por el Congreso "conllevarían un aumento de aproximadamente el 6% del gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente en términos anuales".

Por otra parte, el decreto expone que "además de ser manifiestamente insuficientes las fuentes de financiamiento previstas, la instrumentación de la medida presenta deficiencias técnicas relevantes y podría generar efectos contraproducentes desde el punto de vista tributario".

Luego de cuestionar la sesión del Senado en que se dieron sanción definitiva a las leyes ahora vetadas, y que fue autoconvocada por una amplia mayoría de legisladores, el decreto establece que "no resulta tolerable permitir que una mayoría transitoria del Congreso de la Nación pueda manipular las reglas básicas del Poder Legislativo a fin de imponerse sobre las minorías". Y avanza: "El procedimiento mediante el cual se otorgó sanción definitiva a los proyectos de ley constituyó un atentado directo contra nuestra Constitución Nacional".

Por último insiste en la condición de "innegociable" de equilibrio fiscal y alude directamente a los 17 gobernadores, incluido el santafesino Maximiliano Pullaro, que adhirieron en 2024 al Pacto de Mayo que postula esa consigna en el segundo punto acordado en Tucumán. "Adicionalmente, el octavo principio del Pacto de Mayo prevé la necesidad de implementar una reforma del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que le brinde sustentabilidad", recuerda.

¿Cómo sigue?

Como establece el artículo 83 de la Constitución nacional, después del veto el proyecto (en este caso tres) regresa a la primera cámara donde comenzó su debate en el recinto. Si se aprueba con dos tercios de los votos, pasa a la cámara de revisión (si se introdujo en la Cámara de Diputados, la cámara de revisión es el Senado y viceversa).

En estos casos las votaciones son "nominales", por sí o por no. Entonces, si en las 2 cámaras la mayoría vota sí, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado. En cambio, si las cámaras difieren, el proyecto no podrá volver a debatirse en las sesiones de ese año.

Por su parte, el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado. En ese sentido, Milei declaró en varias oportunidades, que si no prospera el veto va a judicializar las leyes, alternativa que por el momento no tiene éxito asegurado.

Por ahora y hasta que el Congreso convoque a sesión para analizar los vetos, todo es negociación y recuento de votos en un contexto muy distinto al que se vivía un año atrás cuando el veto al primer intento de recomposición jubilatoria fue acompañado por mayoría en Diputados, sumados propios, ajenos "dialoguistas" y radicales "con peluca".

El escenario hoy es diferente y no hay forma de anticipar alianzas ni desaires: es inminente el cierre de listas para las intermedias del 26 de octubre; el 7 de septiembre hay comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires; los gobernadores reclaman en conjunto por fondos que consideran que les pertenecen y aguardan por Diputados para que sancionen las leyes correspondientes; cinco mandatarios armaron su propio espacio en medio de la grieta entre oficialismo y oposición, y el reclamo social viene en aumento. Lo único cierto es que los miércoles seguirán las marchas de jubilados frente al Congreso. Y este martes harán lo propio organizaciones vinculadas a la discapacidad.

Fuente: El Litoral