El caso del policía César Muga, quien disparó contra su pareja en su vivienda del barrio Nueva Esperanza, sigue generando repercusiones en el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. El hecho, que dejó al agente gravemente herido y bajo estricta custodia policial, expuso con crudeza una falla estructural: la falta de controles eficaces sobre la salud mental y física del personal policial.

En diálogo con Ahora Vengo, el ministro Pablo Cococcioni reveló una cifra inédita: en los últimos seis meses, más de 160 aspirantes fueron dados de baja del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) tras no superar evaluaciones de idoneidad física, psíquica o académica.

“Es la mayor cantidad de bajas en un período tan corto. Antes, entraban 1.000 y egresaban 990. Ahora estamos siendo más exigentes porque entendemos el riesgo que implica no hacerlo”, explicó.

Fin de la "policía automática" y nuevas exigencias

Según Cococcioni, esta revisión más rigurosa responde a un cambio de paradigma en la formación policial. La implementación del régimen de internado en el ISEP —una modalidad que obliga a los aspirantes a permanecer durante el cursado— permite observarlos en situaciones reales de presión, sin la contención familiar del hogar.

“Cuando un chico de 18 años entra y vuelve todos los días a su casa, podés no detectar ciertos desequilibrios. Pero en internado, bajo estrés sostenido, salen a la luz”, detalló.

Los casos de baja se dieron tanto por cuestiones físicas como por cuadros emocionales o bajo rendimiento. “No es que estén enfermos. Simplemente no tienen el perfil para una carrera que exige desarraigo, control emocional y la posibilidad de ejercer la fuerza de manera racional”, aclaró el funcionario.

Cambios en marcha: más exámenes, menos improvisación

El sistema de control previo vigente hasta ahora era limitado. Solo se exigían exámenes psicológicos al ingreso y al egreso del ISEP, y uno más al año de confirmación del cargo, que muchas veces no se hacía. Eso está cambiando.

El nuevo esquema prevé:

• Evaluaciones psicológicas continuas durante toda la carrera.

• Controles antes de cada ascenso o acceso a cargos sensibles.

• Protocolos especiales ante crisis, intentos de suicidio o consumo de sustancias.

• Exámenes toxicológicos aleatorios, con métodos como narcolemia, rinoscopía, orina y sangre.

Además, se busca reducir el uso automático de certificados médicos particulares para licencias. “Vamos a tener un sistema estatal de validación. No puede seguir funcionando solo con papeles privados”, afirmó Cococcioni.

50 psicólogos para 30.000 agentes: el otro déficit

El ministro también reconoció que la atención psicológica está colapsada: hay solo entre 50 y 52 psicólogos en Medicina Legal para una fuerza que ronda los 30.000 efectivos, incluyendo al Servicio Penitenciario.

Por eso, el Ministerio avanza en convenios con universidades, colegios profesionales y áreas del sistema de salud para ampliar la cobertura. “Hay que aprovechar cada recurso del Estado. El que tiene un arma debe estar bien evaluado, física y mentalmente”, insistió Cococcioni.

Caso Muga: la consecuencia de no haber revisado a tiempo

El policía César Muga había sido reincorporado a la fuerza en 2023 tras 10 años de inactividad por una causa judicial por cohecho e incumplimiento de deberes. No tenía antecedentes violentos, pero la evaluación para su regreso fue “rutinaria”, según admitió el propio ministro.

“No se obró correctamente. No se indagó si, tras tanto tiempo fuera, estaba en condiciones de portar un arma y volver a la calle”, sostuvo.

El funcionario evitó opinar sobre si Muga estaba en condiciones de seguir armado al momento del hecho, pero dejó claro que la falta de controles contribuyó a exponer a su familia y a la sociedad.

Fuente: Aire Digital