Elogió el “criterio excelente” de crear por ley en Santa Fe los colegios y consejos profesionales “como reguladores de la matrícula y el comportamiento ético de los profesionales” y recordó que el primer motor de cada profesional ha sido su vocación y su paso por universidades nacionales. Habló tanto de quienes están en el ejercicio profesional de modo liberal o en relación de dependencia y en ámbitos privados como públicos.

Destacó “las actualizaciones profesionales”, los institutos, las comisiones, los congresos, la formación como un hecho permanente. Y destacó que el control de esa actualización y de la actuación de los profesionales es organizada por los colegios, que tienen entre 70 y 80 años, y hasta más de 100 años, dijo para organizar la salud, la seguridad, los servicios públicos, el desarrollo de la infraestructura, el servicio de justicia, en una lista que tiene más actividades donde hay siempre un profesional universitario.

Subrayó que el sector llega al recinto luego de “amplísimos debates” y de haberlos escuchado a los ahora convencionales “cuando aún eran candidatos”. La Ley que habilitó la reforma y declaró su necesidad, 13.384, tiene entre sus artículos uno que establece que serán reconocidos colegios, consejos y cajas profesionales.

“El control de la matrícula y la ética, se lleva adelante desde hace decenas de años sin que el fisco tenga que pagar un peso. Sin un solo cargo público. Del mismo modo las cajas de previsión profesional como modelo solidario y sustentable de la seguridad social, y sin carga para el presupuesto público”, indicó y calificó a esas entidades como mucho más que asociaciones. Son personas jurídicas de “responsabilidad colectiva, democráticas, de raíz federal, y de solidaridad intergeneracional”.

Debates previos

Luego, Patricia Pérez Pla, del Consejo de Ciencias Económicas y presidenta de la Federación de esa actividad, recordó que las primeras labores vinculadas al reconocimiento de las entidades profesionales comenzaron con el proyecto de reforma de Miguel Lifschitz (que no prosperó en la Legislatura) y felicitó a los legisladores actuales por su decisión política.

Valeria Argüello, del Colegio de Abogados, fue precisa al describir que lo que se pide en la reforma santafesina es sumar a la Constitución lo que ya ha hecho Entre Ríos respecto de los colegios y consejos profesionales. Abundó sobre “el éxito del sistema de colegiaciones” como “instituciones fundamentales” para la democracia.