La convencional destacó que desde antes del inicio formal ya hubo acercamientos con diferentes sectores: “Muchos convencionales nos reunimos con innumerable cantidad de instituciones, organizaciones y personas que querían presentar proyectos”. A partir de ahora, esas propuestas pueden ingresarse en formato físico en la Legislatura o virtualmente en la página de la convención hasta el 27 de julio.

Además, remarcó que esta etapa no implica retrasos en el cronograma: “Hay un reglamento que fue votado por unanimidad. Uno de los puntos centrales es escuchar a la ciudadanía y eso va a enriquecer el debate”, indicó.

El desafío de llegar a consensos

Cattalini admitió que las primeras jornadas de trabajo fueron intensas, pero se mostró confiada en que se podrá cumplir con el plazo de 60 días corridos para aprobar las reformas: “Requiere práctica, mucho esfuerzo, paciencia y sobre todo responsabilidad. Estoy segura de que, si se cumple el reglamento, vamos a llegar a muy buen puerto”, sostuvo.

Sobre las tensiones dentro del espacio constituyente, advirtió: “Escucho algunos convencionales que quieren replicar lo que pasa en el Congreso de la Nación. Por suerte, la mayoría no tiene esa mirada. Estamos acá por un mandato de la ciudadanía y no para detenernos en agravios o detalles que ralentizan el proceso”.

Reforma judicial: el eje clave

Cattalini, quien fue elegida como vicepresidente de la comisión de Justicia, señaló que uno de los puntos más sensibles y relevantes será la reforma del sistema judicial provincial. “El punto central de la Constitución es la reforma de la justicia. Podemos incorporar derechos y garantías, pero si no hay una justicia que sea garante, todo eso queda en letra muerta”, aseguró.

En este sentido, detalló que uno de los principales objetivos será crear un mecanismo de control claro para fiscales y jueces: “Queremos que rindan cuentas cada cinco años, que se capaciten, que cumplan su función y que estén en aptitudes psíquicas. Además, que haya un procedimiento democrático y republicano para sancionarlos o destituirlos”.

También hizo foco en la necesidad de una Corte Suprema con siete integrantes, mandatos limitados y un Ministerio Público de la Acusación y un Servicio de Defensa Pública completamente autónomos. “Eso es lo que le va a dar a la ciudadanía garantías de que no hay ninguna presión, ni política ni judicial, para investigar o dejar de investigar a alguien”, remarcó.