Con apoyo del massismo y otras fuerzas, Cambiemos buscará darle dictamen el próximo martes en un plenario de cuatro comisiones al proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, también llamada “ley antimonopolios”, para prohibir los actos o conductas que distorsionen las condiciones de mercado, combatir los abusos de posición dominante y las concentraciones económicas que impidan la competencia. Y se prevén muy fuertes multas. “Va a traer mucho ruido en los sectores concentrados de la economía”, indicó a Clarín una alta fuente parlamentaria del oficialismo. El Gobierno, explicó, le ve un costado económico concreto: el combate a la inflación. “Es central para ponerle límite a los abusos de los oligopolios. Va a ser la ley más importante que podamos votar este año”, aseguraron en despachos oficiales. El proyecto está consensuado entre los que presentaron Elisa Carrió y el jefe del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri. El martes se debatirá en las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia -que preside la massista Liliana Schwindt, que será cabecera-; de Comercio; Legislación Penal, y Presupuesto y Hacienda. Cambiemos apunta a darle media sanción antes del fin de noviembre. Comercio está presidida por la kirchnerista Liliana Mazure, pero se asegura que hay acuerdo para la convocatoria. El massismo empuja para incorporar en el texto aspectos de su proyecto de ley de góndolas, resistido por las grandes cadenas de supermercados. Pero Schwindt le dijo a este diario que “aún con disidencias, no vamos a ser obstáculo para que salga esta ley que nosotros también queremos”. Agregó: “Va a pegar fuerte en sectores concentrados, pero no podemos seguir así. Aquí las multinacionales nos hacen aprietes por fijar límites a los que sí se adaptan en otras partes del mundo”. El proyecto crea la Autoridad Nacional de la Competencia, como organismo descentralizado e independiente, en el ámbito del Ejecutivo. La Autoridad estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el de la Secretaria de Concentraciones Económicas. Se prevén sanciones disuasivas de distintos tipos, y fuertes multas. La Autoridad podrá incluso solicitar al juez que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas.