María Eugenia Vidal impulsa una reforma clave en la Justicia de menores con la que busca acelerar los plazos de las causas. Por eso, enviará un proyecto de ley al senado provincial para unificar los dos fueros que actualmente atienden los casos de jóvenes en conflicto con la ley. Si bien fue un pedido que le hizo semanas atrás a su ministro de Justicia Gustavo Ferrari, el brutal crimen de Abril Bogado, la nena de 12 años asesinada durante un asalto en La Plata, apuró los tiempos y aspira a que se apruebe antes de fin de año. No es la primera reforma en materia penal que impulsa Vidal esta semana: días atrás, como anticipó este diario, dio el aval para avanzar con un proyecto que limita las excarcelaciones y reduce la discrecionalidad de los jueces. Ahora, el proyecto del Ejecutivo provincial, al que accedió Clarín, prevé “unificar las competencias de los juzgados de Garantías del Joven con la de los de Responsabilidad Penal Juvenil”, para descomprimir la carga de trabajo de los primeros. ¿En qué se diferencian unos de otros? Actualmente los jueces de Garantías del Joven se encargan de la etapa de investigación de las causas, la etapa de “instrucción”, mientras que los de Responsabilidad Penal Juvenil realizan el juzgamiento de los menores sometidos a proceso penal. Esto generó una desigualdad manifiesta en la cantidad de trámites que realizan cada uno. Si bien se trataba de una situación de la que nadie dudaba, recién pudo ser corroborada con datos a partir de la elaboración de un “Mapa Judicial” que desarrolló el Ejecutivo provincial, con participación en la mesa de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuración y de los Colegios de Abogados y Magistrados de la Provincia. Ese “censo”, dirigido por el subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, arrojó cifras contundentes que llevaron a Vidal a tomar la decisión. En el paper que se le entregó a la gobernadora asoman algunos ejemplos. En 2016, a los Juzgados de Garantías del Joven ingresaron 12.990 causas, mientras que a los de Responsabilidad Penal Juvenil llegaron apenas 1.817 para juzgar. Esta diferencia deja en evidencia la desproporción en la cantidad de juzgados: hay 37 de Garantías del Joven y 31 de Responsabilidad Penal Juvenil. Cerca de Vidal creen que esta situación se desató a partir de la creación de cargos que históricamente hizo la política pensando más en el reparto de cargos que en la necesidad de la ciudadanía. Aunque el listado es extenso, hay casos que llaman más la atención. Uno de ellos es lo que ocurrió en el departamento judicial de Dolores durante 2015. En el Juzgado de Garantías del Joven se llevaron a cabo 9 audiencias de medidas cautelares, 26 de prisión preventiva, 23 de elevación de la causa a juicio, y 16 de aplicación de salidas alternativas. Mientras que en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil hubo apenas una audiencia de admisibilidad de prueba, otra de suspensión del juicio a prueba y no hubo audiencias de debate en juicio. En La Matanza, el distrito más poblado de la Provincia, el contraste es similar. En 2016, los dos Juzgados de Garantías del Joven estuvieron virtualmente colapsados: 88 audiencias de medidas cautelares, 141 de prisión preventiva, 178 de elevación de la causa a juicio, 12 de aplicación de salidas alternativas, 42 de declaración de niño inimputable, y 58 de medidas de seguridad. En cambio, los dos Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil tuvieron menos de la mitad de trabajo: 133 audiencias de admisibilidad de prueba y 72 de suspensión del juicio a prueba. No hubo ni una sola audiencia de debate en juicio. Esto, en la práctica, origina no sólo impunidad, sino que además haya muchos menores detenidos sin condena. La idea de unificar las competencias contempla que se reparta esa tarea y que todos los jueces de menores puedan intervenir tanto en la etapa de investigación como en el eventual juzgamiento. Pero a la vez, cada etapa deberá ser atendida por un juez distinto, para evitar que se violen las garantías del acusado. “Estamos convencidos de que una distribución más equitativa de las causas de menores constituye una optimización de los recursos que logrará un tratamiento más efectivo y será un real aporte a la seguridad de la Provincia”, indicó a Clarín el ministro Ferrari. En la Provincia confían en que la iniciativa, que impulsa un modelo similar al que rige en la Justicia de la Ciudad, podría obtener media sanción antes de fin de año.