Esta semana, un hecho trascendental sacudió el tablero político y económico: la Corte Suprema de Justicia fue escenario de un acuerdo entre el Gobierno nacional y la Provincia de Córdoba por la Caja de Jubilaciones.

Este entendimiento, que implica el reconocimiento por parte de la Nación de los reclamos históricos de Córdoba, sorprendió por su rapidez y alcance. Nadie esperaba que el miércoles se sellara un desenlace que, además, establece un precedente en la relación entre el gobierno central y las provincias.

El acuerdo no es un hecho aislado. Córdoba no es la única provincia con demandas similares; Santa Fe, Chaco y Chubut, entre otras, también negocian con la Nación por deudas acumuladas, ya sea por jubilaciones, obras viales o asistencia financiera.

Estas tratativas, lideradas con bajo perfil por el ministro de Economía, Luis Caputo, reflejan una decisión política del gobierno de Javier Milei: cerrar frentes de conflicto con las provincias, aunque sin alardearlo en el discurso libertario oficial. La estrategia parece clara: apaciguar tensiones acumuladas por el incumplimiento de obligaciones que, en muchos casos, están respaldadas por acuerdos firmados y, por ende, exigibles ante la Justicia.

El caso de Córdoba es emblemático. Desde 2019, la provincia reclama fondos adeudados para su caja de jubilaciones, un problema que no comenzó con el actual Gobierno nacional, pero que se agudizó con la decisión de Milei de suspender pagos a las provincias como parte de su ajuste fiscal.

La famosa "motosierra" no solo recortó gastos discrecionales, como los ATN de otros tiempos, sino también compromisos legítimos que desencadenaron juicios en la Corte Suprema. 

En este contexto, el máximo tribunal habilitó audiencias de conciliación, creando un espacio para que las partes dialoguen. El resultado: la Nación pagará la deuda a Córdoba en "cómodas cuotas", un mecanismo que no solo alivia a la provincia, sino que le permite al gobierno central manejar su contabilidad, presentando un déficit controlado como un logro colectivo.

¿Es suficiente para calmar las tensiones con las provincias? ¿Marca el inicio de una nueva relación fiscal entre la Nación y los gobiernos provinciales? Lo cierto es que el gobierno de Milei, tras un ajuste drástico que incluyó suspender pagos a las provincias, ahora busca recomponer la relación con un enfoque pragmático: no pagar de inmediato, pero comprometerse a saldar deudas en plazos. Esta maniobra, aunque efectiva para mostrar cuentas "en azul", no resuelve el fondo del problema: la sostenibilidad de un sistema donde las provincias dependen de transferencias nacionales para cumplir con sus obligaciones.

El acuerdo con Córdoba, negociado entre Llaryora, su ministro de Economía, Guillermo Acosta, y Caputo, es un paso hacia adelante, pero también un recordatorio de que la pulseada entre la Nación y las provincias está lejos de terminar.

Mientras el Gobierno nacional celebra su disciplina fiscal, las provincias exigen lo que les corresponde por derecho. La Corte, como árbitro, seguirá siendo un actor clave en este delicado equilibrio. Por ahora, Córdoba celebra un triunfo.

Fuente: Cadena 3