Los 20 mil millones de pesos que la provincia de Buenos de Aires aceptó recibir del Estado nacional en compensación por el Fondo del Conurbano no conforman a María Eugenia Vidal. Quiere el compromiso de los demás mandatarios provinciales para regar las arcas de la Provincia con $20.000 millones más y otros $45.000 desde 2019. La gobernadora tiene decidido no bajar la demanda ante la Corte Suprema si sus pares no aceptan que esa suma se transforme en dos años en $ 65 mil millones; es decir en la totalidad de la cifra que compone el fondo creado en 1992 y del que la Provincia solo percibe $ 650 millones. Como gesto, para plasmar esa transición está dispuesta a una escala de $40.000 en 2018 para llegar en 2019 hasta el monto total, que desde ese año se actualizaría por inflación. El ministro de Hacienda de la Provincia, Hernán Lacunza, explicitó los planes de la mujer más poderosa de Cambiemos en declaraciones radiales. “Estamos en la conversación para completar los $ 65 mil millones”, anticipó el ministro en Radio Con Vos. Para mostrar la flexibilidad de la Provincia, el ministro bonaerense aludió a las partidas retroactivas que el Gobierno resignaría. “La Provincia debería recibir 200 mil millones y eso es imposible”, graficó. La diferencia la cubriría el Estado nacional, aunque todavía no está claro de dónde saldrán esos recursos. En la gobernación bonaerense afirman que Vidal no bajará la denuncia si no hay consenso sobre el monto total y el acuerdo se ratifica en una ley. “Hay que esperar a la semana que viene a ver cuál es la oferta final. Recién ahí evaluaremos bajarla o no. No hay acuerdo”, dijeron en uno de los despachos más importantes de La Plata. En el Gobierno hay quienes afirman que Vidal podría bajar la demanda también si los términos planteados el jueves no varían. En la Casa Rosada hay optimismo. El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Interior, Sebastián García de Luca; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli y el secretario de Hacienda Rodrigo Pena mantuvieron numerosas reuniones bilaterales, conversaciones telefónicas, con casi todos los gobernadores y ministros de economía provinciales para ajustar los números. La pretensión oficial de que las provincias rebajen ingresos brutos condiciona algunas de las conversaciones. “Hay un mensaje político que es del 22 de octubre: vamos hacia el equilibrio fiscal”, afirman. El entusiasmo es tal que pretenden coronar el eventual acuerdo con una nueva reunión con todos los gobernadores en la Casa Rosada hacia el fin de la próxima semana. En el Gobierno argumentan que los gobernadores más duros del PJ como Carlos Verna, Alberto Rodríguez Saá o Gildo Insfrán no tienen margen para resistir en soledad la reforma. “Los únicos reclamos que puede haber pueden ser los sectoriales, como ocurrió con el vino con Mendoza y San Juan”, argumentaban. El optimismo oficial se sostiene en la creencia de que, si la demanda ante la Corte persiste, el máximo Tribunal acabara fallando a favor del reclamo de Vidal. Ese fue el sentido de la fotografía del lunes de la mandataria bonaerense con Ricardo Lorenzetti. No todos los gobernadores están convencidos. “La Corte no quiere fallar y tiene reclamos de todos las provincias”, repiten mandatarios provinciales del oficialismo y de la oposición. En Balcarce 50 retrucan que el monto del reclamo bonaerense -de casi $ 400 mil millones- es más dinero que el de todas las demandas de las provincias contra el Estado juntas. El corazón de la propuesta oficial reside en tres ejes. El primero es la derogación del artículo 104 de la ley de Ganancias, que establece que el 36 % de la recaudación por el impuesto a Ganancias no ingresa a la masa coparticipable y destina un porcentaje a la ANSES. El segundo eje es la pretensión de que el impuesto al cheque, cuya recaudación se envía en un 70% al Tesoro y en un 30% a coparticipación se destine a la ANSES. El tercer punto es el más importante de todos: la modificación del cálculo en la movilidad de las jubilaciones en base a la inflación en lugar del sistema actual atado a la recaudación. Por ahora, el Gobierno defiende en privado la normativa pero dilata la discusión pública al respecto. Con ese cambio, pretende recaudar $100 mil millones, indispensable para compensar las pérdidas por cerca de $ 30 mil millones de las provincias y cubrir una parte de lo que reclama Vidal.