En un contexto marcado por tensiones políticas y reclamos de la oposición, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó un informe con respuestas a más de 4.000 preguntas formuladas por los diputados, apenas una hora y media antes de su comparecencia en el Congreso. En el Informe 142 se abordaron temas clave como la reestructuración económica, el acuerdo con el FMI, las reservas y el valor del dólar, así como también la política previsional y la obra pública, aunque algunas cuestiones quedaron sin respuesta o fueron eludidas.

Por otro lado, y a pesar de haber adelantado de manera informal que habría 70 respuestas a las 120 preguntas relacionadas con el caso de la criptomoneda $Libra, Francos decidió no responder argumentando que estas serán tratadas en una sesión especial programada para el próximo martes 22 de abril a las 14 horas. En el informe se incluyó una aclaración explícita: “Las preguntas referidas a la temática Libra serán abordadas por el Jefe de Gabinete de Ministros durante la sesión prevista”. Este anuncio, sumado al retraso en la entrega del documento, intensificó los reclamos de los bloques opositores, quienes cuestionaron la falta de transparencia y la demora en la entrega de información clave.

El informe, que inicialmente se publicó en la web oficial pero posteriormente fue retirado, contenía un total de 2.307 preguntas respondidas. Sin embargo, en el mismo se especificó que algunas respuestas aún estaban pendientes y serían cargadas “en el transcurso del día”. Entre las preguntas que quedaron sin respuesta se encuentran, por ejemplo, algunas relacionadas con la Hidrovía. En el documento enviado por la Jefatura de Gabinete, las secciones correspondientes a este tema aparecían en blanco.

En cuanto a las áreas abordadas, el informe destacó las medidas adoptadas en materia de reestructuración económica y fiscal. Según detalló el documento, el gobierno mantiene su enfoque en la reducción del gasto público, la eliminación del déficit fiscal y la simplificación administrativa. Entre las acciones mencionadas se encuentran la discontinuación de programas de Aportes No Reembolsables (ANR) y la concentración del apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a través de herramientas como el Certificado MiPyME, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) y el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

En lo que se refiere a las preguntas sobre el acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones, la salida del cepo y la acumulación de reservas -las preguntas fueron enviadas días antes de que se conociera el levantamiento de las restricciones- ; Francos optó por una escritura con pocas precisiones. Ante la pregunta específica sobre si se preveían desembolsos adicionales para alcanzar la meta de acumulación de reservas por USD 50.000 millones, Francos derivó la respuesta a la pregunta N° 659, la cual no figura desarrollada en el informe público.

En las respuestas quedó en claro una selectividad a la hora de profundizar o evitar dar detalles al respecto. Tanto es así que no brinda precisiones sobre el acuerdo con el Fondo, ni estimaciones de tipo de cambio convergente. Lo más cercano a una respuesta es la reiteración de los objetivos macroeconómicos: eliminar el déficit fiscal, reducir la inflación y avanzar hacia un “entorno de libertad económica”.

Otro de los puntos destacados en el informe fue la política previsional. Según el documento, el Ejecutivo presentó estadísticas relacionadas con el Plan de Pago de Deuda Previsional, el otorgamiento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la reducción del gasto previsional real. Además, se mencionaron medidas para mejorar el acceso a turnos en el sistema previsional, aunque no se hizo referencia a posibles modificaciones en el esquema actual.

En relación con la inflación, el informe incluyó una actualización sobre el trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según Francos, el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya está finalizado y se encuentra a la espera de los avales institucionales necesarios para iniciar una campaña de sensibilización y alfabetización sobre su implementación. Este anuncio busca responder a las críticas sobre la medición de la inflación y la transparencia en los datos oficiales.

El manejo de la obra pública fue otro de los temas que generó debate en el Congreso. Según el informe presentado, el gobierno aseguró que no se están iniciando nuevos proyectos, aunque continúa otorgando contratos en distritos considerados “más amigables”. Este hecho provocó que los legisladores exigieran un listado detallado de las obras en ejecución y las paralizadas. En respuesta, el Ejecutivo incluyó información sobre convenios de traspaso de obras a las provincias y programas de colaboración, como el destinado a mejorar el acceso al agua en zonas rurales.

En cuanto al uso del impuesto PAIS, el informe brindó detalles sobre el estado de las obras financiadas a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Asimismo, se enumeraron los fondos fiduciarios que han sido disueltos, junto con sus normativas asociadas y el destino de los recursos obtenidos. Según el documento, no se han realizado reasignaciones impositivas, un punto que había sido cuestionado por algunos sectores de la oposición.

La decisión de Francos de postergar las respuestas sobre el caso de la criptomoneda $Libra y la entrega tardía del informe generaron fuertes críticas por parte de los bloques opositores. Legisladores señalaron que estas acciones dificultan el análisis y el debate de los temas más relevantes para el país.

Fuente: Diario Panorama