La barrera a los desalojos
Por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó la norma que suspende los desalojos por cuatro años de territorios ocupados por pueblos originarios. En el Senado Cambiemos había intentado acortar el plazo pero no obtuvo el apoyo buscado y se avino a aceptar la decisión de la mayoría.
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto que suspende los desalojos -por cuatro años- de las tierras que ocupan las comunidades indÃgenas, que habÃa obtenido media sanción del Senado a fines de septiembre, luego de que el oficialismo aceptara tratar la prórroga por la insistencia de organizaciones sociales y de AmnistÃa Internacional. La cuestión habÃa cobrado relevancia luego de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en el marco de una disputa por tierras en la provincia de Chubut.
La iniciativa establece una nueva prórroga de la aplicación de la Ley de Tierras IndÃgenas, para impedir los desalojos de las comunidades aborÃgenes sometidas a procesos judiciales. La ley 26.160, sancionada en 2006, declara --en todo el territorio nacional y por cuatro años-- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indÃgenas, cuya personerÃa jurÃdica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades IndÃgenas.
La norma le ordena al Estado llevar a cabo un relevamiento de la situación legal de los territorios a cargo del Instituto Nacional de Asuntos IndÃgenas (INAI). A pesar de que el relevamiento no está concluido (el 70 por ciento de las comunidades quedó afuera), la ley estuvo a punto de caerse (la última prórroga vencÃa el 23 de noviembre), lo cual hubiese dejado a los pueblos originarios a merced de los terratenientes. El oficialismo intentó, sin éxito, acortar la prórroga de cuatro a dos años, pero no logró su cometido. Finalmente, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, destacó la importancia de aprobar la prórroga, al sostener que "es necesario terminar el censo", ya que, según precisó, "falta relevar aún el treinta por ciento de las tierras".
La situación, según relevó AmnistÃa Internacional en un informe, es crÃtica. Sólo 1532 comunidades fueron registradas por el INAI, y apenas 459 tienen concluido el relevamiento territorial, pero aún no cuentan con los tÃtulos de propiedad. “Hay un universo de comunidades no registradas sin acceso a sus derechos humanosâ€, indicó AmnistÃa.
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