Ese era el propósito declarado del fondo eliminado el 28 de marzo. Había nacido en 1999, aún con todas las reglas de juego de las privatizaciones sin intervenciones estatales que modifiquen su diseño. La paridad cambiaria de uno a uno, entre el dólar y el peso, estaba aún vigente.

La idea era que las ampliaciones -en especial a las zonas menos rentables o a generadores menos competitivos en sus precios pero con ventajas ambientales- contaran con un flujo permanente de dinero para su ejecución, desde el Estado Nacional.

La realidad fue que esos nobles propósitos no se cumplieron o solo se hicieron realidad parcialmente. Un informe de auditoría de la Sigen mostró que la "inexistencia de un sistema integral de gestión y registro de la información financiera", se encontraron "operaciones" volcadas solo "en planillas Excel".

Y lo mismo sobre "la tramitación de los expedientes donde se realizan contrataciones de locación de obra, como así también en aquellos donde se registran los certificados de avance de obra para proceder al pago de las contraprestaciones debidas".

Dicho de modo elegante, no había "trazabilidad de los fondos aplicados a cada una de las obras en las cuales ostenta el rol de comitente" del fondo fiduciario que ya no existe. No había cómo saber qué se gastó en qué.

Y párrafo aparte merece la ineficiente (y dudosa) administración eliminada que, según la Sindicatura General de la Nación, detectó obras con hasta 47 reajustes de precios. Como para que no queden dudas: en enero de 2023 el fondo fiduciario pasó de tener 9 empleados a 23.

¿Cómo sigue?

La decisión de terminar con el fondo fiduciario no eliminó el recargo que los sostenía. La oficina cerrada nunca funcionó como debió hacerlo, incluso contaba con controles a cargo de organismos con intervención de las provincias para privilegiar unas u otras obras, pero al cabo de 25 años está claro que los beneficios no fueron los esperados.

Mientras a nivel nacional solo se sabe que se estudian mecanismos para que sean los privados quienes con su afán de lucro inviertan (en un mercado "normalizado" y con menos regulaciones) ya hubo reacciones entre generadores de distintas tecnologías y distribuidores. Por los usuarios que pagan el aporte extra nadie habla.

Cambio

Ahora el que pone la firma o no para financiar obras con el recargo que figura como CAT en las facturas de la luz es el titular del Ministerio de Economía. Son 1.500 pesos por cada megavatio de la totalidad de la demanda. El último dato oficial disponible sobre el total de megavatios consumidos en febrero habla de 12.618.926. La multiplicación da casi 19.000 millones de pesos en solo uno de los 12 meses del año.

Santa Fe, por el tamaño de su economía y población, es el segundo mercado eléctrico del país, luego del Amba. En la torta de la demanda, su porción es del 10%. Sería interesante un segundo nivel de análisis, que observe en este cuarto de siglo, por provincia, cuánto se ha aportado versus las inversiones recibidas.

Fuente: El Litoral