En el marco de una reunión de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados nacional, que se llevó a cabo esta mañana, las entidades que componen la Mesa de Enlace participaron y expusieron su visión sobre el impacto de las retenciones en la actividad. 

Por el lado de Coninagro, la consejera de la entidad, Patrica Luke, presentó un documento con indicadores, impacto fiscal, datos y propuestas para abordar la problemática de este impuesto. 

Según argumentó Luke, “los derechos de exportación son una herramienta que limita el crecimiento de la producción al reducir el precio percibido por los productores”.

En este punto, reconoció que no solo reducen la competitividad internacional de la producción agroindustrial,  “sino que también frenan el desarrollo del interior y desalientan la inversión.

LOS DAÑOS DE LAS RETENCIONES

La economista recordó que los principales competidores de Argentina no aplican este tributo. En el caso de Rusia, advirtió que sólo aplica este impuesto con fines geopolíticos.

“La realidad es que los productores argentinos compiten en condiciones desiguales: mientras nuestros vecinos exportan sin penalidades, aquí se llega a extraer hasta el 60% de la renta del productor”, señaló. 

Y agregó: “Eliminar los derechos de exportación resulta imprescindible para incentivar la inversión, mejorar la competitividad y garantizar un crecimiento sostenible en toda la cadena productiva”.

Además, el informe de Coninagro resaltó que la quita de las retenciones “no implica resignar recursos fiscales, sino reorientarlos”.

Como ejemplo, citaron a la cadena triguera, que hasta el 30 de junio tributa un 9,5%: sin derechos de exportación, calcularon que la superficie sembrada podría crecer un 10% y llegar así a  6,9 millones de hectáreas.

Esto implicaría un aumento del 12% en la producción, que llegaría a 20,4 millones de toneladas y se reflejaría en una suba del valor bruto de la producción en U$S 522 millones y las exportaciones en un 20%.

“El impacto fiscal directo sería de -U$S 244 millones de dólares, pero considerando los impactos directos sobre los otros impuestos y el incremento de la producción deja un impacto neto consolidado negativo de apenas 63 millones de dólares. En otras palabras, por cada 4 dólares que se pierden por derechos de exportación, se recuperan 3 por otras vías”, afirmaron.

La propuesta de las cooperativas es comenzar a eliminar las retenciones de manera gradual y comenzar con cultivos de bajo costo fiscal, como los casos de trigo y cebada.

“Esta decisión, acompañada de políticas normales como no restringir exportaciones y unificar el tipo de cambio, podría incrementar la producción más de un 50% y aportar U$S 20.000 millones adicionales por exportaciones en sólo algunos años”, consideraron. 

Y agregaron: “Entendemos que el equilibrio fiscal es necesario, por eso, aunque preferimos una eliminación total e inmediata, estamos dispuestos a encontrar un camino gradual, firme y responsable”. 

LA MIRADA DE CRA, LA SRA Y BARBECHANDO

En la reunión de la Cámara de Diputados también participó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a través de la exposición de Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). 

El directivo sostuvo que “las retenciones son un obstáculo al desarrollo productivo y una herramienta distorsiva que castiga al interior del país, al desalentar la inversión, la generación de empleo y el arraigo rural”.

El ruralista calculó que desde 2002, la implementación de las retenciones representó un castigo a la actividad, situación que se reflejó en la pérdida de más de 75.000 productores agropecuarios en los últimos 23 años. 

“No se trata solo de un número: son familias que dejaron de producir, pueblos que se vaciaron, empleos que se perdieron y oportunidades que se esfumaron”, afirmó.

Y agregó: “Este dato, por sí solo, debería encender todas las alarmas y convocar a la dirigencia política a una profunda reflexión. Persistir en este camino es seguir desmantelando el interior productivo del país”.

Del mismo modo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) subrayó: “El camino es uno solo: la eliminación total de los derechos de exportación y la derogación del artículo 755″.

La entidad estuvo representada por Ivana Vidal y enfatizó que “son un impuesto injusto, distorsivo y discriminatorio”.

La Rural coincidó en que han provocado la desaparición de más de 70.000 productores, además de “frenado inversiones, castigado al interior productivo y distorsionado la economía nacional durante más de 20 años”.

“Desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que deben ser eliminados de manera definitiva y para siempre. Por eso no coincidimos con los proyectos de ley que incorporan cláusulas temporales, esquemas de reducción gradual o delegaciones al Poder Ejecutivo, ya que dichas alternativas no hacen más que convalidar indirectamente el artículo 755 del Código Aduanero, cuya constitucionalidad está siendo cuestionada judicialmente por nuestra Entidad”, puntualizó.

Por su parte, también la Fundación Barbechando, una organización compuesta por empresas e instituciones vinculadas al agro y que trabajan junto a legisladores, participóde este encuentro en Diputados.

Entre los principales puntos de su propuesta, plantearon la eliminación de los derechos de exportación, a partir de un cronograma que genere previsibilidad en el sector.

EL APORTE DEL CONSEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO

El día previo a la reunión en Diputados, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) realizó su reunión plenaria en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), en donde participaron 34 cámaras y entidades asociadas.

La entidad estableció su agenda de trabajo para lo que resta del año y se priorizaron una serie de temas, entre ellos los derechos de exportación.

En este punto, la entidad reiteró la propuesta que enarbolan desde hace dos años: poner en marcha un cronograma de reducción y eliminación, además de poder participar en los debates parlamentarios en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

En ese marco, también analizaron el escenario internacional derivado de la guerra comercial tarifaria y las consecuencias para el comercio agroindustrial argentino, no solo frente a Estados Unidos sino con el resto del mundo por los desvíos de comercio que se irán generando.

“El CAA va a monitorear periódicamente la evolución de estos movimientos tarifarios globales y presentará propuestas de negociación al Gobierno Nacional, en relación con mercados compradores incluyendo a Estados Unidos, para defender las exportaciones agroindustriales de todas las cadenas de valor argentinas”, concluyeron.

Fuente: InfoCampo