En la Argentina, hay un tema que se encuentra en el centro del debate político y que pronto se convertirá en un eje de la campaña electoral: la obra pública. 

Al revisar los discursos de los 13 gobernadores que inauguraron sus sesiones ordinarias el 1 de marzo, se observa un claro reclamo por fondos destinados a obras públicas. 

Esta situación no es nueva, ya que el 1 de febrero, en Córdoba, también se escucharon demandas similares. No tengo dudas de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumará a este coro de voces que exigen recursos para mejorar la infraestructura provincial.

El presidente Milei, por su parte, dejo clara su postura respecto a la obra pública, considerándola "una mala palabra". Su enfoque se basa en la idea de que evitar el gasto en obras públicas

Milei sostiene que se ahorra mucho al no realizar estas obras y que la solución pasa por privatizar la construcción de infraestructura pública. Este enfoque plantea un dilema: ¿Cómo se gestionan las obras que son esenciales para el bienestar de la población? El Presidente parece eludir esta cuestión, ya que su interés radica en que la nación no asuma más responsabilidades en este ámbito, delegando la tarea a gobernadores e intendentes.

Sin embargo, el abandono del sistema de obras públicas tradicional generó un problema estructural que se agrava con el tiempo. La falta de mantenimiento y la corrupción llevaron a un deterioro significativo de las rutas que son vitales para el transporte de la producción en el centro del país. 

Provincias como Santa Fe y Córdoba enfrentan serios problemas en este sentido y la situación se repite en La Pampa y Buenos Aires, donde la infraestructura vial se encuentra en un estado crítico.

La discusión sobre la obra pública no se limita a un debate ideológico, es un problema concreto que afecta a la producción y al desarrollo regional. 

A medida que se acercan las elecciones, los gobernadores deben demostrar resultados. En el pasado, muchos de ellos, como el exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y su sucesor Juan Schiaretti, lograron capitalizar sus gestiones en materia de infraestructura para ganar elecciones. Las obras, como la finalización de la avenida Circunvalación y los accesos a Córdoba, se convirtieron en un símbolo de éxito político.

Pero, ¿las obras públicas seguirán siendo un arma electoral infalible en este nuevo contexto político? La respuesta no es sencilla. Con el cambio de enfoque del Gobierno nacional, muchos gobernadores tuvieron que ajustar sus estrategias. 

Algunos pudieron ahorrar recursos para lanzar planes de obras públicas justo antes de las elecciones, lo que podría influir en el apoyo popular. Sin embargo, la efectividad de estas iniciativas dependerá de su capacidad para responder a las necesidades urgentes de la población.

La gestión de la infraestructura no solo es una cuestión de desarrollo económico, sino también un factor determinante en la legitimidad y el apoyo de los gobernadores.

Fuente: Cadena 3