En diálogo con el programa "Algo que decir", emitido por AIRE cada domingo, el especialista destacó que esta iniciativa no solo es innecesaria, sino que parte de una interpretación errónea del principio de igualdad ante la ley y podría abrir la puerta a revisiones de penas ya impuestas.

La figura de femicidio, introducida en 2012 mediante la Ley 26.791, califica como un homicidio agravado los asesinatos de mujeres en contextos de violencia de género. Este enfoque busca reconocer y penalizar de manera específica la violencia basada en la desigualdad de género, un fenómeno profundamente arraigado en la cultura patriarcal.

Un principio de igualdad malinterpretado

En su análisis, Oroño subrayó que el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional no es absoluto. "La igualdad absoluta puede consagrar la más tremenda de las injusticias", afirmó, explicando que la legislación argentina contempla diversas categorías de personas que reciben protección diferencial. Ejemplos de esto incluyen los menores de edad, personas con discapacidad y relaciones parentales, donde la ley establece agravantes o beneficios específicos.

El penalista cuestionó el razonamiento del presidente Milei, quien argumenta que la figura del femicidio da un valor mayor a la vida de las mujeres respecto a la de los hombres. Según Oroño, esta postura desconoce que las leyes no solo tienen un propósito punitivo, sino también una función cultural para generar conciencia y cambiar pautas sociales.

"La figura del femicidio busca visibilizar una problemática histórica: la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Su objetivo es prevenir estos crímenes y fomentar un cambio cultural", explicó Oroño, añadiendo que eliminar esta figura podría interpretarse como un retroceso en los avances logrados en materia de género.

Revisión de penas y consecuencias legales

Una de las principales preocupaciones señaladas por Oroño es la posibilidad de que, si se elimina el femicidio del Código Penal, los condenados por esta figura soliciten la revisión de sus sentencias. En tal caso, los crímenes podrían ser recategorizados como homicidios simples o agravados por otros motivos, lo que implicaría penas menores y un debilitamiento en el reconocimiento de la violencia de género como una problemática específica.

"La eliminación de esta figura jurídica podría interpretarse como un mensaje de menor reprochabilidad hacia los crímenes de violencia de género. Es un debate innecesario y extemporáneo que solo genera confusión y retrocesos", añadió el abogado.

Maiquel Torcatt / Aire Digital

Una figura necesaria en el contexto actual

Además de su impacto punitivo, Oroño destacó que el femicidio opera como una herramienta para generar conciencia social sobre la violencia de género. Comparó este proceso con las restricciones al consumo de tabaco, que comenzaron como medidas legales y terminaron transformando pautas culturales. "Las leyes tienen un poder educativo. Eliminar esta figura no solo carece de sentido jurídico, sino que también envía un mensaje equivocado a la sociedad", sostuvo.

Por último, el penalista resaltó que, aunque puedan existir excesos o errores en la aplicación de la normativa, esto no justifica su derogación. "Es más productivo mejorar los mecanismos de implementación que eliminar herramientas que han demostrado ser necesarias en nuestra realidad social", concluyó.

Un debate que depende del Congreso

Oroño recordó que cualquier modificación al Código Penal debe ser aprobada por el Congreso, ya que los decretos presidenciales no pueden alterar la legislación penal. Según el abogado, es poco probable que el proyecto cuente con el consenso necesario para avanzar, aunque el debate ya generó controversias en la opinión pública.

Según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2024 se registraron al menos 267 femicidios en el país, un promedio de un asesinato cada 33 horas.

Fuente:Aire de Santa Fe