La pena de prisión

La presentación de Cristina Fernández en los tribunales obedece al cumplimiento del plazo de cinco días hábiles otorgado por la Justicia, y a la voluntad de "estar a derecho", acatando la orden judicial por más que se la cuestione en el plano jurídico y político, y con la presencia de militantes en la calle. De hecho, para ese día está prevista una gran movilización popular, que aúne las que se vinieron llevando a cabo en el interín.

Los fiscales del caso habían solicitado la detención inmediata "y procurar, de manera urgente, la devolución del monto defraudado", con el objeto de "enviar un mensaje claro a la sociedad".

Por su parte, la propia Cristina expuso que el pedido de prisión domiciliaria que formularon sus a abogados no consituye un privilegio, sino que obedece a razones institucionales y de seguridad personal. "Fui presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura", explicó en sus redes sociales, añadiendo como motivo adicional el antecedente del atentado contra su vida producido el 1° de septiembre del 2022. La ley 24.660 también contempla entre los seis supuestos que habilitan este instituto que el condenado tenga 70 años; y Cristina tiene 72.

Esto deberá ser decidido el miércoles por el juez. La defensa solicita también que no se le coloque una tobillera electrónica, con el argumento de que cualquier movimiento sería advertido por la custodia.

La sentencia

En cuanto a la condena en sí, se instaló la idea de que fueron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti quienes la produjeron. Más allá de las interpretaciones políticas, esto no es técnicamente así: la Corte no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Cristina, sino sobre el proceso en el que fue condenada. Y lo hizo al rechazar los recursos de queja en los que se pretendía dejarlo sin efecto, y propiciar que sea anulado por pretendidas irregularidades o incluso inconstitucionalidades. Con ello, no dictó sentencia, sino que "dejó firme" (es decir, blindada a cualquier tipo de impugnación, salvo que se conozca información nueva que la habilite) la que ya había sido dictada en primera instancia y confirmada por la Cámara de Casación.

El efecto puede ser el mismo, y las lecturas políticas no suelen detenerse en "tecnicismos". Pero el andarivel por el que transcurrió el proceso decisorio de la Corte estaba compuesto por ellos, y también los caminos a tomar. Para revertir los efectos de la condena (como se pretendía), la Corte debía admitir y dar por comprobado que, efectivamente, el juicio estaba viciado. Opinión que blanden los actores políticos, y que también articulan algunos expertos en derecho (importantes y prestigiosos, aunque no mayoritarios), pero no la Corte. Una vez más, las interpretaciones políticas desvirtuarán esta distinción, pero es menor si lo que se quiere es abordar el debate jurídico de fondo. Por más que la magnitud de los efectos parezca suficiente para imponer su propio peso y barrer con ella.

La causa

En la causa, iniciada en 2016, se investigó si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 -durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández- y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

El fiscal del juicio, Diego Luciani consideró tener pruebas suficientes de la culpabilidad de la ex presidenta como jefa de una organización dedicada a direccionar la obra pública hacia un empresario amigo. Por eso, solicitó que sea condenada por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa (criterio que más adelante sustentó el procurador de la Corte, Eduardo Casal), y administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 sólo la condenó por administración fraudulenta.

Los jueces calificaron al Decreto 54/2009 como un "instrumento para la maniobra criminal". Esa norma modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria. Según el tribunal, el decreto "proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente. Pero esencialmente brindó el contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General pudiese, a partir del régimen inherente a la naturaleza de los fondos, disponer libremente qué obras se valdrían de los recursos del fideicomiso". Consideraron probado además que los beneficios obtenidos por Báez "no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex Presidenta".

Ante la Corte, la ex presidenta cuestionó que las obras investigadas ya habían sido analizadas por la Justicia de Santa Cruz y que no se la podía juzgar 2 veces por el mismo hecho, argumento que fue rechazado por el Alto Tribunal. La acusada también cuestionó que el Tribunal Oral autorizó la incorporación de prueba de otras causas a último momento, sin control de las partes, aunque los jueces señalan que la documentación sí fue puesta a disposición de las defensas.