Juan Pazo arrancó su gestión con una decisión que es trascendente en la historia económica contemporánea. "Todos los comprobantes deberán tener una línea en donde se detalle el monto correspondiente al impuesto al valor agregado y, cuando sean emitidos por una empresa grande, también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio final que paga el consumidor".

La decisión se cristaliza en momentos en que la administración Milei se apresta a proponer al Congreso una simplificación tributaria, que incluso plantea resumir Iva e Ingresos Brutos, el gravamen de las provincias que distorsiona el sistema de precios pero que es entre 80 y 90% de los recursos propios de provincias como Santa Fe. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, una persona puede llegar a pagar hasta 51 impuestos en un mes en la Argentina, contabilizando los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Hay unos 15 gravámenes en el país, según el centro de estudios que dirige Nadin Argañaraz.

La Resolución General N° 5614/24, publicada en el Boletín Oficial este viernes, recuerda que "la Constitución Nacional, en su artículo 42, contempla el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en la relación de consumo, a una información adecuada y veraz, para lo cual obliga a las autoridades a proveer la protección de esos derechos y la educación para el consumo". Ahora es el gobierno el que se obliga a detallar el costo de su administración ante los ciudadanos. La norma establece que "la implementación será de forma escalonada y se extenderá paulatinamente a contribuyentes de menor tamaño.