La empresa con sede en Avellaneda se presentó el 27 de febrero de este año ante el Ministerio Público de la Acusación, acompañando notas periodísticas según las cuales un presunto acreedor, Olzen Industrias y Comercio de Calzados, realizó actos que se investigan como supuestos entorpecimientos del concurso.

Las abogadas por la defensa, doctoras Viviana Cosentino y María Fruci, expusieron ante el juez que no existe una mínima apariencia de delito y que Vicentin no acredita el modo en que se ve perjudicada, por lo que solicitaron al magistrado rechazar el pedido de la querella. Andrés Ghio, abogado por Vicentin, expuso que la cuestión de fondo no era motivo de la audiencia, tras lo cual el juez entendió que estaban configurados lo requisitos.

El 5 de marzo de 2020, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini abrió el concurso; pocos días después la empresa Olzen planteó la nulidad de la apertura; legitimó su pretensión por haber comprado las acreencias de Garagro SA. El supuesto titular de la empresa de calzados -el brasileño Joel Isaías Da Costa- formuló declaraciones periodísticas señalando desconocer esos hechos, lo que originó la presentación de Vicentin ante el fiscal.

Da Costa fijó domicilio en Rosario, en la sede de un estudio jurídico que representa en el concurso a otro de los acreedores, la firma Commodities S.A, del Grupo Grassi. Ambas firmas habrían estado representadas a su vez por un mismo abogado en denuncias penales contra ex directivos de Vicentin, en sede judicial rosarina.

La querella suma a eso que Commodities pidió el Juicio Político del Juez del concurso para intentar apartarlo del expediente y por haber impulsado el avocamiento de la Corte, que demoró 8 meses en rechazarlo, con la consiguiente pérdida de tiempo, fundado en supuestos hechos que la misma cerealera rosarina había denunciado.

Vicentin pide identificar a los "verdaderos responsables ocultos" detrás de Olzen, y señala que es necesario establecer si Mariano Grassi no es el autor intelectual de un plan -empresas off shore mediante- para quedarse con la aceitera concursada y por haber fraguado la existencia de un fideicomiso que nunca recibió los bienes fideicomitidos a tales fines.

Fuente:El Litoral