El escrito ingresó este 28 de noviembre a las 00.35 por sistema, ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de la ciudad capital, donde se encuentra radicada la causa que lleva adelante el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández. Aunque no trascendió, la acusación completa consta de 404 fojas y fue presentada junto a la documental y medios de prueba materiales.

En tanto, este viernes comenzó a circular una breve reseña con la información de cada uno de los imputados en la causa, sus datos personales y cargo público que ocupaba al momento de la investigación. Además, constan los delitos que se les atribuye y los pedidos de condena que van de los 3 años y medio a los 11 años de prisión.

Nombre por nombre

En total son siete los implicados, quienes al entender de la Fiscalía habrían formado parte de una asociación ilícita con carácter piramidal, en cuya cúspide se encontraba el ex ministro Sain y las dos organizadoras.

Se solicitan 5 años de pena para Pablo Andrés Álvarez, exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de la provincia; y Diego Alfredo Rodríguez, exsubsecretario de Control Institucional de la provincia. En último término está Milagros Bernard, excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional provincial, con un pedido de condena de 3 años y 6 meses.

“Perfilamientos”

La empresa criminal se dedicaba a confeccionar “informes de inteligencia”, dirigidos contra funcionarios públicos de los tres poderes del Estado; empresarios; sindicalistas; militantes sociales; abogados y otros profesionales; algunos periodistas; el entorno familiar de muchas de estas personas, y una gran cantidad de personas jurídicas (públicas y privadas).

De acuerdo con la investigación, también incorporaron información de familiares y allegados de las personas “perfiladas” y utilizaron bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); legajos y expedientes penales e información obtenida en “tareas de calle”.

Durante dos años

La actividad ilegal habría transcurrido durante dos años, entre el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Según plantea el fiscal, “la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el Organismo de Investigaciones)”.

De acuerdo con lo que sostiene el fiscal Hernández en la acusación, “el objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas, motivo por el cual, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.

Torturas y vejaciones

Por último, el ex ministro Sain fue acusado por dar órdenes a la policía –y la omisión de control– para que realice torturas o vejaciones a personas privadas de su libertad. Según la investigación, “en reiteradas oportunidades, el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. La acusación también señala que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.