Ambas empresas dependen del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también había anunciado la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), con 269 empleados encargados de obras públicas de acceso al agua potable.

La Administración General de Puertos (AGP), una sociedad del Estado con 581 empleados, regula el puerto de Buenos Aires y el Sistema de Navegación Troncal, además de realizar tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento de los accesos al puerto. Su titular es Gastón Alejo Benvenuto, y la AGP depende de la Secretaría de Transporte, presidida por Franco Mogetta, que considera que la empresa duplica funciones de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

Por su parte, Corredores Viales, una sociedad anónima con 3565 empleados, gestiona las principales rutas y autopistas del país, cubriendo cerca de 6000 kilómetros. El presidente es José Luis Acevedo, y se considera que sus funciones se solapan con las de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El encargado de implementar los cierres y privatizaciones de empresas públicas es Diego Chaher, responsable de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Chaher colabora con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

El Gobierno también trabaja en la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y en la reestructuración de la Casa de Moneda. Anteriormente, eliminó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

La semana pasada, el Gobierno anunció el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), lo que conlleva el despido de 1388 empleados y un ahorro anual de $42.000 millones. También publicó la disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT) en el Boletín Oficial.

Con la Ley Bases sancionada, el presidente Milei tiene facultades extraordinarias para eliminar competencias, funciones, y estructuras jurídicas de distintos entes, y ceder organismos a las provincias que los soliciten.

Las dependencias del Poder Legislativo, el Judicial, las universidades, y organismos como el CONICET, ANMAT, INTA, entre otros, están fuera de la intervención presidencial.

El artículo 52 de la Ley Bases establece que los empleados de áreas eliminadas o modificadas permanecerán un año con goce de sueldo mientras se gestionan reubicaciones y capacitaciones para otras tareas o servicios tercerizados del Estado.

Fuente: diario panorama