Claudio Zuchovicki

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El Gobierno desregulará los servicios de ómnibus de media y larga distancia

Cuando nuestros hijos nos piden dinero para ir a un recital, la presión es innegable. La insistencia se hace sentir, y aunque inicialmente digamos que no tenemos plata, es probable que terminemos cediendo. 

Esta dinámica se asemeja a la situación económica que enfrenta Argentina hoy. El país, en un estado crítico, se encuentra en una encrucijada donde la falta de recursos se convierte en un tema central. En 2023, el país quebró. No hay dinero disponible y, lo que es más preocupante, no hay crédito. Nadie se atreve a prestarnos, y aquellos que lo hacen lo hacen a tasas usureras.

Históricamente, Argentina ha recurrido a la emisión de dinero para cumplir con sus obligaciones, como el pago a jubilados y la financiación de la educación. 

Sin embargo, esta emisión no tiene respaldo, y la realidad es que nadie quiere aceptar el peso. Aumentar la inversión educativa, como pidieron en la marcha universitaria, es una tentación, pero debemos preguntarnos: ¿De dónde sacamos ese dinero?

La educación es fundamental, y todos estamos de acuerdo en que es el futuro del país. Sin embargo, el desafío radica en la eficiencia del gasto. ¿Estamos dirigiendo los recursos a donde realmente se necesitan, o se pierden en el camino por ineficiencia y burocracia?

Los jubilados, que han aportado durante toda su vida, merecen lo mejor. Pero, nuevamente, surge la pregunta: ¿de dónde se obtiene ese dinero para querer aumentar las jubilaciones? Si la única opción es emitir más, esto solo generará inflación. Así, aunque se les dé más dinero a los jubilados, su poder adquisitivo disminuirá. 

Lo que parece un aumento, en realidad se convierte en un engaño, ya que cada vez se necesita más dinero para comprar lo mismo. Esto es parte del dilema que enfrenta el Gobierno: ¿Por qué persiste en mantener un déficit fiscal a pesar del costo político que esto conlleva?

La presión es constante. La educación, la salud, la cultura, todos son sectores que demandan atención y recursos. Cada grupo tiene sus propias necesidades y justificaciones, y es difícil tomar decisiones cuando no hay dinero. 

La realidad es que, cuando no se tiene ni dinero ni crédito, las decisiones se vuelven aún más complicadas. En este contexto, debemos considerar quién realmente financia la gratuidad de la educación y otros servicios públicos. Nada es gratuito; alguien debe poner el dinero, y ese alguien es el contribuyente.

La gratuidad de la educación fue un pilar necesario en el pasado, pero hoy enfrentamos el desafío de retribuir a la sociedad por lo que hemos recibido. Si alguien se gradúa y luego se va del país, ¿no sería justo que contribuyera de alguna manera a la educación que recibió? Este es un debate que merece ser considerado, especialmente en un país donde la carga fiscal es abrumadora. Muchos contribuyentes sienten que su esfuerzo es desproporcionado, ya que una gran parte de sus ingresos se destina a impuestos y tarifas.

La situación se complica aún más cuando analizamos el contexto económico actual. El dólar, por ejemplo, sigue siendo un tema candente. La brecha cambiaria se ha reducido, pero esto no significa que la economía esté en una mejor situación. La inversión extranjera y las políticas internas juegan un papel crucial en este panorama. Sin embargo, la historia nos dice que, cuando el Gobierno decide devaluar, los precios se disparan, y la inflación se convierte en un enemigo difícil de combatir.

La eficiencia en el gasto público es un tema que debe ser prioritario. La carga impositiva en Argentina es alta, y muchos se preguntan por qué se debe pagar tanto. La percepción de que los impuestos son excesivos se ha vuelto común, y es fundamental que se realice un análisis profundo sobre cómo se distribuyen y utilizan esos recursos. La situación en la provincia de Buenos Aires, donde el impuesto inmobiliario supera los gastos en servicios básicos, es un claro ejemplo de la necesidad de revisar y ajustar el sistema.

La Justicia también juega un papel en esta dinámica. La percepción de que no todos los ciudadanos son tratados por igual ante la ley alimenta la frustración y la desconfianza en las instituciones. 

La desigualdad en el acceso a servicios y en la carga impositiva es un tema que debe ser abordado con urgencia. La vida en Argentina es difícil, y cada día se presentan nuevos desafíos que requieren atención y soluciones efectivas.

La situación económica de Argentina es compleja y multifacética. La falta de recursos, la presión social y la necesidad de mantener servicios esenciales crean un entorno desafiante para el Gobierno. 

La clave radica en encontrar un equilibrio entre el gasto y la eficiencia, en reconocer que nada es gratuito y que todos debemos contribuir de alguna manera al bienestar común. 

La educación, la salud y otros servicios son fundamentales, pero su sostenibilidad depende de decisiones difíciles que deben tomarse con responsabilidad y visión a largo plazo.

Fuente: el litoral