La decisión política de reformar el sistema previsional de Santa Fe y la discusión pública instalada a tal efecto repercutió en el número de trámites jubilatorios ingresados a la Caja en los últimos meses. Ya había informado El Litoral en abril pasado que la cantidad de expedientes generados se había duplicado a nivel global, respecto de igual período del año pasado. Y ésa sigue siendo la constante en sectores particulares, como el Poder Judicial. Los trazos gruesos de la modificación a plantear incluyen un incremento del porcentaje de los aportes y un nuevo método para calcular los haberes máximos. Ambos aspectos generarían una fuerte incidencia en el citado poder. De allí, el dato risueño de que en uno de los trámites iniciados por uno de los agentes judiciales invoca "expresamente" la reforma en ciernes para fundamentar la solicitud y "apurar" el beneficio jubilatorio .

Según dijo a este diario el secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, prácticamente se ha "duplicado" desde el Poder Judicial, el número de pedidos de renuncia que derivan, posteriormente, en la iniciación del trámite jubilatorio. "Se nota un incremento en el ingreso de expedientes solicitando la renuncia para acogerse luego al beneficio jubilatorio", sostuvo. Y relató un caso " muy emblemático y hasta simpático"... "Una persona - contó- ingresa el expediente el 2 de julio diciendo que renuncia a partir de diciembre. Dictamos resolución haciendo lugar pero ese mismo día, desconociendo el interesado que ya habíamos resuelto, ingresa otro escrito diciendo que por razones de público conocimiento asociadas a la discusión sobre la reforma, prefiere adelantar la fecha de la renuncia y la solicita ya no desde diciembre, sino a partir de agosto".

Sobre esa base, el funcionario interpretó que "puede existir cierto temor" por los alcances que pueda tener la reforma, y ello motive "que se haya acelerado" el ingreso de trámites.

"Si yo comparo en bruto y sin discriminación, desde febrero a la fecha tenemos un incremento notorio de pedidos de renuncia para acogerse a beneficios jubilatorio en relación a lo que ha sido 2023, que no aporta una estadística confiable ni una discriminación por rangos . Lo que tenemos hoy es un universo promedio de más 50 empleados, tres fiscales, tres defensores, un ministro de la Corte (Mario Netri) y unos 14 ó 15 jueces. Este número varía porque ingresan nuevos y algunos de los trámites son resueltos favorablemente, porque no tenemos reparos en viabilizar el trámite de la renuncia, si se cumplen los requisitos establecidos: edad, antigüedad y años de aportes. Si eso está cumplido, el Estado no puede negar el beneficio", afirmó.

En términos comparativos, Mascheroni confirmó que "estamos casi en el doble de trámites iniciados" respecto de igual período del año pasado. "Tenemos un total de 107 trámites iniciados, contra menos de cincuenta netos que fueron tramitados y otorgados en igual período de 2023", precisó.

- ¿Cómo impacta este número de pedidos de renuncia en el servicio de justicia, por las consecuentes vacantes?

- En este sentido, lo que tenemos desde la Secretaría de Justicia en marcha es un concurso para fiscales de toda la provincia. Hemos dividido la provincia en dos: el sur es la circunscripción de Rosario y Venado Tuerto; y hacia el norte, Santa Fe, Reconquista y Rafaela. Pienso que en una semana o diez días estaremos abriendo el concurso. Tenemos problemas para integrar una de las Juntas Evaluadoras, pero la idea es abrir el concurso para Civil y Comercial, Laboral, Familia, Penal y fuero pleno en todo el territorio. Ello, para cubrir cargos de Jueces de Primera Instancia, y de fuero pleno donde corresponda. No integran esta convocatoria, por lo menos hasta ahora, las Cámaras de Apelación. Todo lo que estamos preparando es para primera instancia.

- Cuando se aludió, meses atrás, al aumento de inicio del trámite jubilatorio se emitió como mensaje desde el gobierno que no debía existir temor porque no se cercenarían derechos. ¿Puede decirse algo similar para los integrantes del Poder judicial?

- Los derechos adquiridos están adquiridos; lo que se puede discutir es de qué manera se ejercitan algunos derechos en el futuro y en un contexto de emergencia que se tiene que analizar. De todas maneras, la modificación de un régimen jubilatorio o de cualquier otro sistema tiene un proceso de debate en el marco de la sociedad entre actores vinculados de manera directa, y obviamente, habrá un debate en el plano parlamentario. La Legislatura tomará una decisión y ésa será la Ley de la Provincia que se ponga en marcha de acuerdo a los plazos y márgenes que la propia ley establezca para entrar en vigencia. Esto no es que se vota una ley y todo el mundo tiene que sujetarse a ella; entiendo que va a tener gradaciones, como ha habido en otros casos.

Fuente: El Litoral