“Con diálogo pero con firmeza” y “ni nos sometemos ni en estado de beligerancia” fueron las dos definiciones del ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Fabián Bastia, sobre el marco político que pretende “esta invencible provincia” ante el gobierno nacional.

El ministro político del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro dio a la prensa lo único que faltaba precisar en la información sobre la demanda judicial que Santa Fe ha iniciado a la Nación por el cese de las transferencias automáticas y obligatorias que la gestión del presidente Javier Milei ha suspendido mediante el DNU 280, respecto del déficit de la Caja de Jubilaciones provincial que Anses no paga.

El funcionario dijo que la provincia del mapa de la bota es “la primera” en iniciar una demanda contra ese decreto de necesidad y urgencia que fue dictado el 23 de marzo de este año por el titular de Poder Ejecutivo Nacional.

Por el relato de Bastia, desde fines del tercer mes, no estaban claros aún los números para proceder al inmediato reclamo. Y también para iniciar reclamos formales ante las autoridades. Entre ellos, mencionó el reclamo político conjunto que hicieron las provincias integrantes de la Región Centro, junto a Entre Ríos y Córdoba, ante el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos. “No logramos ninguna oferta, ni recibimos una muestra de voluntad de lograr un acuerdo o reconocer la deuda”, subrayó.

Ahora Santa Fe interpone una demanda que pretende lograr un efecto inmediato, mediante una cautelar y que la Corte declare la inconstitucionalidad del DNU firmado por Milei. Respecto de lo que pueden esperar los santafesinos que ocurra con el planteo judicial recordó que aún hoy la provincia cobra en “largas cuotas” el juicio ganado a la Nación por transferencias impagas por gobiernos kirchneristas (que la Corte reconoció cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba a punto de dejar el sillón de Rivadavia).

En síntesis, para Bastia el eventual cobro de un juicio contra la Nación despierta “expectativas”. Nada más. La realidad muestra que el fallo fue a fines de 2015, cuando recién asumía Mauricio Macri y que se llegó a un acuerdo por la deuda K en 2022, entre la gestión de Alberto Fernández y Perotti.

“No tiene nada que ver”, sostuvo el ministro cuando se le consultó si un eventual flujo de fondos nacionales ante el reclamo judicial podría torcerle el rumbo al objetivo de reformar el sistema de jubilaciones santafesino. El rojo de la Caja, aseguró, “es insostenible” y debe ser enfrentado con “cambios profundos, no con maquillaje”.

Números y contexto

La suma hasta aquí es por $ 70.000 millones de pesos que representan apenas un porción menor de los $ 700.000 millones que considera Santa Fe que la Nación le debe por no haber actualizado los montos de los giros durante los años del gobierno de Alberto Fernández. “Fíjense que el último año en que se logró la armonización de los dos sistemas (y hubo acuerdo) fue en 2019”.

En otras palabras, 2020, 2021, 2022 y 2023 tuvo pagos de la Nación a Santa Fe a valores de aquel año. La gestión anterior de Omar Perotti inició una demanda en septiembre de 2023 que se difundió a la prensa recién un par de semanas antes de completar su mandato. Fue por $400 mil millones pero las actuales autoridades entienden que corresponden otros $ 300 mil millones más.

Negó que haya existido alguna otra condición con los tiempos para la presentación de la demanda y abundó: “Se hizo ni bien se levantó la feria judicial”.

"Estamos de acuerdo con que era necesario ajustar el gasto del Estado Nacional y con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal pero no a costa de los recursos que son de las provincias”, subrayó.

Fuente el litoral