El ministro de Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, informó que este lunes se instruyó a los agentes policiales de la provincia para incrementar las acciones de averiguación de antecedentes, conforme a la legislación vigente y las últimas reformas al Código Procesal Penal, para despejar cualquier duda a partir de los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de las detenciones. Lo propio se aplica a los casos de flagrancia y también a la posibilidad de secuestro de vehículos en los casos indicados por la normativa.

Cococcioni formuló estas declaraciones en el marco de la entrega de patrulleros en Rosario, jurisdicción en la cual también se dispuso que el jefe de Policía regional lleve adelante una coordinación de las fuerzas provinciales que actúen en el distrito, en una suerte de “comando unificado”, que a la vez coordinará con las fuerzas federales.

En un acto con la participación de autoridades provinciales y municipales, y legisladores nacionales, Cococcioni dio cuenta de la reducción en los índices de violencia en el primer semestr del año, en el orden de “la mitad que en el año anterior”. Y también que, en cualquier caso, los resultados provistos por el Observatorio de Seguridad Pública se publicarán periódicamente en la página web de la provincia.

“Todo logro en materia de seguridad es parcial y no nos excusa de redoblar los esfuerzos”, resumió el funcionario, al dar cuenta de las nuevas medidas, y enmarcar recientes hechos de violencia registrados en la ciudad del sur a las disputas de territorios o intentos por recuperarlo, de parte de bandas delictivas desplazadas por los allanamientos y derrumbe de búnkeres.

En tal sentido, informó que el plan de Seguridad tiene suficiente flexibilidad de adaptar el volumen de la presencia policial a las necesidades que requiera la intensidad del accionar criminal.

Cococcioni presentó este lunes 131 nuevos patrulleros que incorpora la Policía santafesina, y que forman parte de las 840 adquiridas por el Gobierno de Maximiliano Pullaro por licitación pública y que se suman a las 100 que fueron incorporadas por compra directa.

“La velocidad de respuesta es un indicador que no miente y, por ejemplo en Rosario, cuando asumimos estaba en el orden de los 20 minutos y hoy se redujo a 7. El objetivo es llevarlo a 5 minutos desde que se registra el llamado hasta el momento de intervención de los efectivos”, completó.

Fuente el litoral