Nicolás Gadano es un economista especializado en finanzas públicas y en la industria de los hidrocarburos. En su larga trayectoria se desempeñó como Subsecretario de Presupuesto de la Nación, economista senior de YPF, jefe de Gabinete del ministerio de Economía, y Gerente General del Banco Central. El actual Economista Jefe de la consultora Empiria, cree que la reciente crisis por falta de gas era evitable, que el Gobierno debería haber escalonado el sinceramiento de las tarifas y que salir del cepo cambiario es lo que necesita la economía argentina para volver a crecer. Además, se refiere al problema de los Entes Cooperadores, un mecanismo por el cual el Estado maneja cientos de miles de millones de pesos sin ningún control. Gadano —autor de ensayos y las novelas Tu querida presencia (2012) y La caja Topper (2019)— reveló el mecanismo en una reciente publicación en la revista digital Seúl.

—¿Era evitable la crisis del gas de la última semana?

—Sí, obviamente era evitable. Para entenderlo hay que tener un contexto del mercado.

—¿A ver?

—El gas es el combustible más importante de la matriz energética Argentina. En el mundo puede representar alrededor del 20 % de la matriz, pero en la Argentina es más de 50 %.

—Porque se usa para la generación de electricidad.

—Exacto. Además, por defectos de infraestructura, no tenemos capacidad de almacenamiento del gas, es decir que no se puede estoquear. Si le agregamos una demanda muy variable en función de la temperatura, se traduce en un mercado imprevisible. Lo que no es una excusa para evitar una crisis, porque hay que gestionarlo como tal. Si te quedás sin gas te quedás sin gas y sin luz.

—Es decir que hay que prever un crecimiento inesperado de la demanda.

—Porque entre el verano y el invierno el consumo residencial de gas puede subir hasta siete u ocho veces. No no por “la hornalla”, sino por la calefacción. El sistema tiene que estar preparado para atender esos picos. Tuvimos un mayo muy frío, y ahí se combinan las restricciones de infraestructura y de transporte. Todas las importaciones las maneja el Estado a través de Enarsa, que tiene la responsabilidad de asegurar el abastecimiento. Si no alcanza, entran a jugar los servicios interrumpibles: estaciones de GNC, algunas industrias.

—Por contrato: pagan un precio diferencial, más bajo, por ser interrumpibles.

—¿Cuánto impactó la suspensión o demora en las obras de infraestructura?

—Absolutamente. Pensemos en el gasoducto Néstor Kirchner: el gobierno de Alberto Fernández lo terminó después del invierno pero faltaban obras complementarias, como compresores que duplican la capacidad de transporte de 11 a 22 millones de metros cúbicos. El gobierno de Fernández demoró esas obras, pero a eso se le sumó la decisión del gobierno de Milei de frenar la obra pública para asegurar el superávit fiscal. En el verano no se notó porque no hubo picos de calor, pero en mayo dejaron de operar las fuerzas del cielo. De todas maneras yo creo que la importación debería quedar en manos de empresas privadas, como era en los 90, pero con años de precios distorsionados eso es imposible.

—Hablando de precios distorsionados, ¿cómo analizar la actualización de tarifas, con aumentos de más del 300 %?

—Era lo que había que hacer: sostener precios de la energía ridículamente bajos respecto a los costos, tenía muchos impactos negativos. No lo pagaba el usuario, lo pagaba el Estado con subsidios, que provocava déficit fiscal, que provocaba inflación. Además motivaba un disparatado derroche de energía, con ineficiencias y cero uso racional y cero ahorro. Creo que hay un problema en el timing.

—¿Por qué?

—Primero el Gobierno presentó un cronograma muy agresivo, para electricidad que arrancó en febrero y para gas que arrancaba en abril. Especialmente fuerte para los usuarios residenciales de altos ingresos, comercios y pequeñas empresas. Ahora el gobierno lanza todo ese programa y en el primer mes que se iban a aplicar esos ajustes que era mayo, lo suspende, entendiendo que se le fue la mano.

—¿Habría que haber hecho más algo escalonado?

—Por ejemplo, y comunicarlo, con un horizonte claro. Nunca es fácil actualizar tarifas, ya lo vivió el gobierno de Macri, porque la gente lo sufre.

—Parte de estos problemas se resolverían aumentando la producción y la infraestructura, y para eso hacen falta inversiones. ¿El Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) contemplado en la ley bases ayudará?

—En tren de ser un poco polémico, te diría que no. Lo más importante para la industria de la energía hoy es salir del cepo, tener un mercado único y libre de cambios, previsible, estable y razonable, y una macro más o menos normal. Con eso alcanza para que Argentina produzca y exporte muchísimo más petróleo crudo, y empiece también a organizar la producción y explotación de GNL. El tipo de esquemas como el RIGI genera ventajas desiguales y más distorsiones.

—Cómo pagar un 25 % de ganancias en lugar del 35 % que pagan el resto.

—Como tantas ideas a las que yo les desconfío mucho. Me parece desigual que un proyecto energético petrolero, con mucha capacidad y que necesita de reglas claras para producir, no pueda pagar el 35 por ciento de ganancias, como cualquier compañía más chica, mediana o grande que produce en Argentina. Muchas veces los regímenes promocionales terminan generando prebendas, privilegios, desigualdades, inequidades.

—Muchos especialistas en energía sostienen que la gran oportunidad de la argentina está en el GNL, el gas natural licuado, ¿coincidís?

—Es una oportunidad, pero no se si la prioritaria. En el corto plazo es mucho más clara la oportunidad del petróleo crudo. Pese a todas las proyecciones de la transición energética que hay, sigue creciendo, y con precios más estables que el GNL. Es un mercado más sencillo, la infraestructura es más simple y modular: vas sumando oleoductos y puertos. Argentina tiene todas las condiciones para producir más y exportar más. El GNL tendrá más sobrevida porque es menos contaminante, pero hoy tiene más volatilidad.

—¿Podemos hablar del caso ACARA?

—Por supuesto.

—¿Cómo explicarías brevemente qué son los Entes Cooperadores?

—Son un mecanismo por el cual distintos organismos del Estado intentan hacerse de plata por fuera de los sistemas tradicionales, del control de la Secretaría de Hacienda o del Congreso. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia administra registros: si comprás un inmueble o un auto o un precursor químico lo tenés que registrar. En el caso de los autos existen los Registros Automotor, que recaudan, y ACARA, la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina, que administra esos recursos.

—¿Qué pasa con los aranceles que se pagan en esos registros?

—En vez de entrar al Estado, van a un fondo que es manejado por el Ente Cooperador, que cobra por eso, y le ofrece esa plata al Ministerio de Justicia y a otros organismos del Estado. Ese dinero se usa para lo que sea necesario:, contratar personas, gastos extraordinarios, sobresueldos, todo totalmente por fuera del Presupuesto Nacional y de los controles del Estado.

—¿Qué tan grave es en el caso del Ministerio de Justicia?

—Allí hay todo un mundo de empleados, sobresueldos, gastos de viáticos, alquileres, de miles de millones de pesos que maneja ACARA a pedido del Ministerio, con absoluta discrecionalidad. Hay empleados que son “full ACARA”, trabajan en el Ministerio de Justicia pero su recibo de sueldo es de ACARA.

—Hasta la Oficina Anticorrupción tiene empleados bajo régimen de un Ente Cooperador. El sistema ha dado lugar a irregularidades y arbitrariedades tremendas. Hay mucha resistencia a corregirlo, porque beneficia a muchas personas: el Colegio de Escribanos, el Colegio de Abogados, ACARA. La Asociación de Caza y Pesca, por ejemplo, es un delirio, porque estructuró un esquema similar en torno al registro de precursores químicos. Ahí las que pagan son las farmacéuticas.

—¿Creés que se puede resolver este entuerto?

—Creo que hay una posibilidad, si la prensa lo sigue difundiendo y este Gobierno es consecuente. La oportunidad es la discusión de la Ley de Presupuestos, que se inicia en septiembre. Como mínimo si estos recursos se quieren mantener, se tienen que transparentar.

—Podrían entrar dentro de un circuito en donde haya control.

—Sí. Yo creo que habría que ir hacia algo más ambicioso, que es bajar brutalmente el costo de los registros, y eliminar además las privatizaciones de esos registros. Hacerlo más simple, online, más fácil y más barato, y desbaratar todo.

—Última pregunta. ¿Cuál es hoy el principal desafío del Gobierno?

—El principal desafío del Gobierno es cuándo y cómo va a salir del cepo de manera tal de que la economía normalizada empiece a caminar hacia adelante y a recuperar la inversión y el consumo.