Tras anunciar el gobierno provincial la instrumentación de un mecanismo que permitirá determinar qué docente adhirió o no al paro convocado para este miércoles, el ministro de Economía, Pablo Olivares, defendió la constitucionalidad de la medida. Dicho registro se llevará a cabo a través de una declaración jurada que deberán completar los maestros y asistentes escolares que tengan voluntad de trabajar a pesar de la huelga, tanto de escuelas públicas como de gestión privada.

Pero también deberán hacerlo quienes estén de licencia o sean reemplazantes, y hasta docentes de los niveles secundario y terciario a los que – por rutina escolar- no les corresponda trabajar el día del paro. Por ello, la decisión oficial fue calificada tanto por los referentes de Sadop como de Amsafe como "extorsiva y macartista"; la definieron como "una nueva amenaza" y una medida "de una brutalidad propia de los gobiernos totalitarios".

"Discernir"

Sin embargo, Olivares consideró que la determinación se sustenta en el respeto a dos derechos de raigambre constitucional. "El gobierno – planteó- garantiza dos cuestiones fundamentales que tienen raíz constitucional. En primer término, el derecho a parar; y al mismo tiempo, el derecho a trabajar. Lo que se está haciendo – fundamentó- es a los efectos de discernir quién ejerce cada derecho. Por eso, esta declaración jurada lo que hace es diferenciar quién ejerce su derecho a la libertad de trabajar de quienes ejercen su derecho constitucional a adherir a una medida de fuerza".

La decisión fue tomada sobre la base de la determinación descontar el día no trabajado a quienes adhieran al paro. Por ello, Olivares explicó que el registro opera a los "a los fines administrativos", para que se pueda abonar "de manera justa" al docente que no se sumó al paro.

Administración central

Respecto de cómo se controlará la asistencia de los empleados públicos el próximo miércoles y a partir de que el gobierno ha resuelto descontar también a este sector el día no trabajado, Olivares explicó que allí no sería necesario el mecanismo de declaración jurada, puesto que la mayoría de reparticiones cuenta con un registro biométrico.

"En el caso de la administración central – dijo-, en casi todos los lugares en los que se presta funciones hay un sistema de control de asistencia por captación digital. Por lo tanto, allí ya tenemos una manera de controlar la asistencia al trabajo. Sí se están viendo mecanismos para los sitios en los que no tenemos este tipo de mecanismos de verificación de asistencia. Pero como regla general, la concurrencia se mide mediante sistema biométrico". El ministro volvió a justificar el método de declaraciones juradas para los docentes, precisamente, porque las escuelas carecen de dichos sistemas de control de asistencia digital. "En el futuro, posiblemente ésa sea una buena innovación a tener en cuenta", cerró.

Propuesta

Finalmente, defendió la propuesta salarial rechazada de manera unánime por todo el arco sindical estatal, y que consistía en un aumento bimestral del 10%. "Sería una falta de respeto decir ahora que podría haber habido otra propuesta. (Aquella) fue la máxima que se pudo otorgar en ese contexto y circunstancia. Fuimos francos y lo dijimos en esa mesa. Por lo tanto, somos respetuosos de las decisiones que se tomen en cada gremio pero como lo dijimos desde el primer día, las posibilidades de aumento tienen que ver con las posibilidades de recursos", concluyó.

FUENTE EL LITORAL