El texto de ley incorporará una adenda en la que propondrá a la oposición discutir una idea que manifestó el Fondo Monetario en las últimas conversaciones técnicas: que el Estado tiene espacio para reducir aún más su déficit si pone en marcha la eliminación de algunos beneficios y exenciones tributarias. Si todo ese paquete propuesto fuese eliminado por decisión parlamentaria, le implicaría al fisco un ingreso extra por 2,4% del PBI, lo que representaría prácticamente terminar con el déficit primario.

“Vamos a presentar una separata al proyecto con posibilidad de eliminar beneficios impositivos que representan mas de 2,4% del PBI. Le damos la posibilidad al Congreso de decirles que si animan a estudiar estos impuestos y estos beneficios, se puede mejorar aun más la performance fiscal”, sostuvieron desde el Ministerio de Economía. 

“Esto va en línea con el diálogo con el FMI, que observa que hay enorme cantidad de beneficios a empresas que se renuevan todos los años sin que el Congreso lo discuta. Lo que le decimos al Congreso es: ‘estudien esto’. Si hay algún beneficio impositivo que puede reducirse, todo eso se agrega al cómputo de superávit”, dijo una alta fuente oficial.

Según datos oficiales, el denominado gasto tributario, que son los impuestos que el Estado deja de recaudar por las facilidades, exenciones y beneficios impositivos, incluye esquemas diferenciales para Ganancias, como las que tienen fundaciones, mutuales y cooperativas, la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia que desarrollan su actividad en la Patagonia e los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales, más otros para IVA y Bienes Personales, junto con los regímenes de promoción económica.

La continuidad del programa económico acordado con el Fondo Monetario implicará que el rojo fiscal, que este año se estima que terminará en 2,5% del Producto Bruto Interno, se reduzca el año que viene hasta 1,9% del PBI, lo que equivaldría una poda mayor a los $700.000 millones.

Ese camino se desandará a través de la segmentación de tarifas con tope de consumo, un recorte a los subsidios al transporte y otras medidas que incluso podrían representar un ajuste mayor.

El Presupuesto 2023 está diseñado en base a esa premisa, aunque desde el equipo económico aseguran que si la coyuntura requiera medidas adicionales hacia el “ordenamiento fiscal”, el Ministerio de Economía podría revisar los gastos tributarios, es decir aquella porción de impuestos que el fisco deja de recaudar por los esquemas diferenciales tributarios.

El texto que Sergio Massa enviará al Congreso prevé que este año termine con una mejora de 4% en el Producto Bruto y que el 2023 registre una desaceleración en ese crecimiento, que quedaría así en 2% anual, una velocidad que el Gobierno espera que se sostenga incluso hasta 2025.

La inflación, que este año finalizaría en torno de 100% según las estimaciones privadas, debería retroceder a un ritmo de 60% anual, de acuerdo al proyecto ingresos y gastos que llegará en horas al parlamento.

Esto implicaría una baja de unos 35 puntos porcentuales respecto a la estimación final que hacen en el Palacio de Hacienda para 2022, que orilla el 95 por ciento.

Fuentes oficiales consideraron que esa meta se puede lograr por la vía del ordenamiento fiscal.

“La idea general es que bajar el déficit fiscal permite bajar las necesidades de financiamiento monetario, que es la base de la inflación. Es un requisito tener un orden fiscal”, consideraron desde el Ministerio de Economía.

Fuente:El Liberal