ANTA FE.- El corredor de cereales rosarino, Sebastián Grimaldi (42 años), quedó imputado esta semana por el supuesto delito de estafa, por dos hechos en concurso real y en calidad de coautor. La decisión de la justicia santafecina señala que a Grimaldi se le atribuye haber defraudado por cifras millonarias al Banco Macro y a la empresa Cofco Internacional Argentina. Según la decisión judicial, Grimaldi no puede salir de la provincia ni del país.

No obstante, permanecerá en libertad bajo caución, para lo cual presentó la documentación respectiva de un inmueble de su propiedad. El juez Nicolás Foppiani dispuso, avalando un acuerdo de partes, una libertad con restricciones para el empresario, que deberá presentarse semanalmente en el Centro de Justicia Penal, no puede salir del país y la provincia con excepción de las veces que deba ir al Juzgado Federal de Bell Ville, en Córdoba.

Grimaldi, reconocido por su labor en el segmento, entró en default en enero de 2019 con la sociedad anónima que encabezaba en la ciudad de Rosario, aunque el principal coletazo de esa caída se produjo en la provincia de Córdoba. Allí lo mencionan como el dueño del acopio Leones Agropecuarias SRL, más allá que en los “papeles” no figuraba como titular.

En la reciente audiencia imputativa, Grimaldi rechazó la imputación por estafas en Rosario. “Actualmente no estoy trabajando”, respondió cuando el juez Nicolás Foppiani le consultó por su ocupación. Minutos después, la Fiscalía de Rosario lo imputó.

El fiscal Mariano Ríos Artacho recordó que Grimaldi fue procesado en septiembre de 2020 en Bell Ville (Córdoba) como presunto jefe de una asociación ilícita. El pedido de prisión preventiva fue apelado y lleva casi dos años sin resolución de parte de la Cámara Federal de la capital mediterránea.

El corredor reside actualmente en un departamento de Puerto Norte rosarino, donde la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo arrestó este martes. A la hora de repasar su actividad con relación a las supuestas estafas, Ríos Artacho recordó que el detenido vivía en las torres Maui, donde se desprendió de varias propiedades poco antes del default.

En tanto, el juez Foppiani aceptó la imputación e hizo a lugar al acuerdo presentado entre los abogados del acusado y la Fiscalía, disponiendo una medida cautelar no privativa de la libertad con reglas de conducta para el empresario cerealero: debe fijar un domicilio y firmar quincenalmente ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ); tiene prohibido salir del país, incluso de la provincia de Santa Fe, con excepción de los egresos que necesite realizar ante el Juzgado Federal de Bell Ville (donde también afronta un procesamiento judicial) y debe entregar una caución real consistente en el embargo del inmueble cuya escritura se acompañó en audiencia.

Informes

En tanto, según los informes a los que accedió LA NACION, el fiscal Ríos Artacho le atribuyó al empresario en carácter de presidente de S.G. SA, junto a su madre, la cual era directora de la firma, haber defraudado al Banco Macro SA en 2018, cuando el imputado solicitó una ampliación para girar en descubierto y respaldó ese pedido presentando en su cuenta corriente diez cheques por un total de 5.023.951,08 de pesos para aparentar solvencia, presuntamente sabiendo que los mismos iban a ser rechazados por falta de fondos. Esto se debió a que los mismos habían sido librados por la empresa Leones Agropecuaria SRL –empresa que el imputado presuntamente controlaba– y endosados con firmas aparentemente apócrifas a favor de “S.G. SA”. Con esta maniobra hubo un perjuicio económico de 8.919.290,64 pesos al cierre del día 3 de enero de 2019.

También se le atribuyó en carácter de presidente de “S.G. SA”, junto a su madre, haber defraudado al Cofco Internacional Argentina SA. En informes al que accedió este diario destaca que en 2018 celebró dos contratos de compra–venta de cereal en virtud de los cuales Cofco transfirió la suma de 9.738.975,85 pesos (noviembre de 2018) a Leones Agropecuaria SRL y en 2019 un total de 20.200.376 pesos en concepto de prefinanciación e IVA a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas en el contrato. Habría ocasionado un perjuicio económico a la víctima en la suma aproximada de 818.015,07 dólares.

Con relación a los productores agropecuarios, captaba un gran volumen de granos para su venta inmediata a través de la empresa “Leones Agropecuarias SRL” que funcionaba como remitente comercial y con la intermediación de “S.G SA” como corredor. Esto le permitía hacerse del dinero producto de las operaciones comerciales y supuestamente desviarlo de las empresas.

Fuente:LA NACION