La resolución 332 de la cartera que conduce Roberto Feletti multó por $ 150 millones a Molino Cañuelas, por un monto similar a Faim; por $ 93.974.602 a CIM y por $ 51.131.995 para Apymimra.

Días antes de la resolución, Feletti acusó a los empresarios del sector de “estrangular al abastecimiento de harina”.

Pero las sanciones son el corolario de un proceso administrativo iniciado el 4 de abril de 2017 con una denuncia de Impulsar (Industrias Medianas y Pequeñas Unidas Locales Sociedad Argentina) ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), cuyo dictamen de 110 páginas está incluido en la resolución.

La denuncia refiere a un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2015, cuando, en el marco de la “Fiesta de la Harina” llevada a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, las cuatro partes denunciadas y “por lo menos 107 empresas” sellaron el denominado “Acuerdo general de la libre competencia en el sector molinero”, que implicaba la fijación de precios mínimos en forma convenida por todo el sector.

A partir de entonces comenzó, según se indica en la resolución, “un accionar de prácticas anticompetitivas” por parte de Molino Cañuelas, organizando reuniones de precios convocadas por Faim, que “habrían perseguido la subordinación de parte de los pequeños molinos con la amenaza de eventuales sanciones institucionales y sus potenciales perjuicios y consecuencias económicas”.

Impulsar sostuvo que Faim “está al servicio de un oligopolio y es conducida con un estatuto que establece un mecanismo de decisión en base a la capacidad de molienda”, y en consecuencia “el más grande decide y los demás acatan”.

De acuerdo con el dictamen de la CNDC, “las conductas anticompetitivas imputadas tuvieron lugar en todo el territorio nacional en el período comprendido, desde el mes de octubre de 2014 hasta, al menos, el mes de abril de 2017”.

Esas conductas configuraron “una práctica colusiva horizontal entre las imputadas, para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible, con el objeto de limitar la competencia en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, resultando perjudicial para la libre competencia y el interés económico general”, señaló Comercio Interior.

“Un acuerdo de las características del aquí analizado requiere de un coordinador con peso suficiente en el mercado que brinde cierta estabilidad, en nuestro caso, la firma Molino Cañuelas”, remarcó.

Si bien la multa fijada a la empresa fue de $ 150 millones, por tratarse del máximo legalmente permitido, Comercio Interior aseguró que “a partir del cómputo de un 20% sobre ventas netas de harinas de trigo para el año 2017, es decir, tomando el porcentaje mínimo del rango recomendado a nivel internacional para casos de carteles, ascendería a la suma de $1.083.806.800”.

Molino Cañuelas y Faim rechazaron la sanción. La empresa dijo que “se formula por un acuerdo sectorial que nunca se aplicó”. Y aseguró que “no tiene por sí sola la facultad de decisión” en una federación de la que participan “más de 70 molinos”.

Por su parte, la federación consideró que la resolución es “groseramente arbitraria” y la multa “exorbitante e infundada”. Y dijo que la resolución “tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en 2015 en el que las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”.

Molino Cañuelas es el principal productor de harina del país, cuenta con una dotación de 3.000 trabajadores y en septiembre del año pasado se presentó en concurso preventivo de acreedores con una deuda de u$s 1.300 millones. Las marcas más conocidas de la empresa son 9 de Oro, Pureza, Cañuelas, Mama Cocina, Pietro, Horno Casero, Florencia y San Agustín, entre otras.

Industriales

La Cámara de Industriales Molineros (CIM) manifestó su “sorpresa y desconcierto” por la resolución de la Secretaría de Comercio. “Se ha impuesto a nuestra institución una multa exorbitante, abusiva y fuera de todo contexto, con base en consideraciones e inferencias amañadas, sin consideración de los razonamientos lógicos y las pruebas aportadas”, dijo la entidad con sede en Rosario.