El presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, señaló que cuando la mayor preocupación de la ciudadanía estaba puesta en el problema de la inseguridad, el gobierno provincial en vez de poner sus energías en el tema lo ponía en seguir la actividad de dirigentes políticos, empresarios y periodistas. “El tema es de una enorme gravedad institucional” le dijo a El Litoral.

Además confirmó que asistirán el miércoles a la convocatoria realizada por el gobernador Omar Perotti para exigir explicaciones de estos hechos que motivaron el viernes el ingreso de dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a dependencias del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y de Rosario para hacerse de documentación oficial que en parte estaba siendo destruida por los funcionarios renunciantes y que acompañaron a Marcelo Sain en el inicio de la gestión.

A principios de mes, en declaraciones a El Litoral, Farías había afirmado que “Sain no fue removido solo por unos tuits” en referencia a la decisión que habían tomado las dos cámaras reunidas en sesión conjunta el jueves 4 de noviembre en relación al hasta entonces director del Organismo de Investigaciones (OI). Ahora, el socialista advierte que se está ante uno de los más escandalosos de la vida institucional de la provincia desde 1983 a la fecha. “Además se da en momento de absoluto desmadre de la cuestión de la seguridad y el gobierno lejos de enfrentarla, usó la estructura de seguridad para hacer inteligencia con objetivos políticos o con objetivos planteados por Sain”, le dice a El Litoral. “No se ocupan de la seguridad pero sí de saber con quién tomaban café los políticos, empresarios o periodistas”, acota.

Farías entiende que la reunión que ha convocado el gobernador para el miércoles venidero servirá para que nos den explicaciones y entiende que el gobierno “debe rearmar la estructura de seguridad con funcionarios probos, confiables para que esto no vuelva a suceder”.

El presidente de la Cámara Baja también reclamó cuidar la investigación y respaldar fuertemente a los fiscales y al MPA. El tema también formará parte de la agenda del miércoles. “Hay que garantizarle a los fiscales que tienen todo el respaldo institucional y la confianza para ir hacia adelante, caiga quien caiga”, destacó.

La otra preocupación es por el resguardo de la información obtenida ilegalmente. “No queremos que empiece a aparecer esto obtenido sin respaldo de un juez”, señaló. “Debemos solidarizarnos con las víctimas e ignoro si soy una de ellas” acotó. “Me preocupa la integridad física de las personas ilegalmente investigadas, perseguidas, perfiladas porque la ley protege la privacidad de tu vida y en principio esto fue gravemente violado”, sentenció.

Aquellos dichos
En la edición del 6 de noviembre, Farías decía ante El Litoral sobre la sesión conjunta: “El jueves se habló mucho de persecución política, carpetazos. Lamentablemente, hace un par de años en la provincia se han vuelto cuestiones bastantes comunes pensar que alguien está escuchando, investigándonos ilegalmente. Investigación ilegal es aquella en la cual no hay un juez que la ordena. Si la ordena un juez no hay que obstaculizar, ni hacer limitación. Muchos sentimos en distintos ámbitos -no solo el político- periodístico, empresarial y de otras instituciones de que hay una actividad, o por lo menos se conoce informalmente, que hay una actividad investigativa de averiguar puntillosamente antecedentes para su utilización con algún fin político. Eso es inadmisible en un sistema democrático y en una provincia cuya calidad institucional estas cosas no sucedían. Hoy es muy común que nos privemos de hablar libremente por teléfono, lo hagamos por aplicaciones que suponemos son más difíciles de ser intervenidas. Hablamos de intervenciones ilegales. Es la sospecha fuerte que muchos sentimos. Algunas cuestiones que se están investigando, dan cuenta que eso pudo estar sucediendo. La causa que se le está siguiendo a una de las funcionarias (Débora Cottichini) de mayor confianza de Sain en el OI por parte de la auditora del MPA, Cecilia Vranicich, da cuenta que ha habido un tráfico bastante usual y habitual entre el OI y el ministerio de Seguridad, inclusive cumpliendo indicaciones que le daba el entonces ministro de Seguridad. Le solicitaba actividades para perfilar referentes políticos especialmente, sin que hubiera una causa delictiva detrás que lo justificara. Esto es muy grave y es lo que queremos expresar. No es solamente una serie de tuits con menciones que demuestran que Sain tiene una pertenencia política determinada, sino que está haciendo un ejercicio de esa pertenencia política y poniendo todo un organismo y las investigaciones del sistema penal a disposición de esa posición política. Es inadmisible y lo es por dos razones: porque genera una privación de las mínimas garantías que tenemos los sistemas democráticos, pero también porque en la medida en que el OI se está ocupando de esas cosas, no está haciendo lo que tiene que hacer, investigaciones reales sobre hechos delictivos que son muchos y crecientes en toda la provincia , particularmente en Rosario”.

Fuente:El Litoral