“No escapa al suscripto la extensión reiterada de las limitaciones en la movilización personal impuestas en diversas ocasiones por el PEN y con ello la incertidumbre en cuanto a su duración definitiva, lo que me habilita a rever la decisión aquí adoptada cuando lo estime pertinente, para nuevas prórrogas o para la reducción de la aquí dispuesta en mérito a tales circunstancias“, indicó el magistrado.

Lorenzini consideró que “la sociedad concursada solicitó una prórroga del período de exclusividad hasta el día 31 de marzo de 2022“ y para fundamentar su petición “enfatizó que la prórroga se solicita para elaborar una propuesta satisfactoria en pos de la continuación operativa de la concursada y sus trabajadores”.

También que “en orden a las causas fácticas, enumeró incertidumbres económicas de la Argentina, inestabilidad del peso argentino, desajustes impositivos y cambiarios, las elecciones de medio término de próxima realización, entre otros factores de incidencia”.

Frente a eso, además de la prórroga y la enunciación de eventuales extensiones, el magistrado dispuso “lo fecha del 9/12/2021 para la realización de la última audiencia informativa, que se celebrará a las 8 de manera no presencial y/o presencial, conforme a las circunstancias imperantes en aquella época”.

También resolvió “dejar sin efecto la audiencia informativa prevista para el día 28/8/2021, en virtud de lo antedicho”.

Finalmente, hizo saber que “las fechas aquí dispuestas podrán ser revisadas por el suscripto cuando surjan novedades referentes a la situación epidemiológica”.

Los fundamentos del juez

Lorenzini señaló que su resolución se basa en la opinión de los órganos concursales acerca de la prórroga que fue solicitada por Vicentin. Al respecto señala que “resultan de gran relevancia para acceder a la prórroga solicitada, las opiniones vertidas por un sector del comité de acreedores, quienes advirtieron que, la pandemia por Covid retrasó el proceso de análisis por parte de los interesados, impedido reuniones y tratativas que podrían haber generado mayores avances en este período”.

Según planteó el juez “remarcaron el compromiso asumido por los interesados (inversores estratégicos), para asegurar los contratos de fazón existentes, por un plazo de 12 meses (fs. 8926), garantizando el flujo de fondos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos industriales, sosteniendo que ello justificaría acceder a una prórroga del plazo del período de exclusividad, bajo la atenta mirada del tribunal y de los demás órganos del concurso”.

Por otra parte, sostuvo que “otro sector del comité de acreedores (conformado por ACA y los representantes de los trabajadores, con el patrocinio de sus letrados), ha destacado que la concursada se encuentra cumpliendo con sus obligaciones fiscales y de la seguridad social, que no se registraron despidos del personal en todos sus sectores y que se mantuvo a pleno el plantel de trabajadores existente en el momento de la presentación en concurso, considerando que la denegación de un plazo adicional podría conspirar contra el éxito de un acuerdo”.

También argumentó que “la Sindicatura sostuvo que, la sociedad concursada dio muestras de estar avanzando en el proceso de negociación con un consorcio de inversores, haciendo hincapié (al igual que los acreedores y la propia concursada), en la seriedad de dichas tratativas, mediante lo cual se aseguraba no solo el futuro sino también el giro comercial de la concursada, mediante la contratación de los citados fazones, por al menos 12 meses”. Además, “destacaron los síndicos que, todo ello era una clara muestra de la existencia de progresos en las negociaciones, evidenciando la necesidad de contar con un lapso adicional para su concreción”, agregó el juez.

Génesis de la prórroga

Lorenzini planteó que la finalidad de la prórroga “lleva en su génesis el compromiso de trabajar con los acreedores en la formulación de una propuesta o menú de propuestas aceptables” y además, “el tiempo adicional que se otorgue, deberá ser aprovechado para desplegar una conducta concreta en esa dirección, ofreciendo instancias de evaluación que permitan conocer los avances logrados, tanto por parte del tribunal como frente a los órganos y auxiliares del proceso”.

De modo que “los esfuerzos de Vicentin Saic deberán orientarse a garantizar el mantenimiento de la explotación empresaria, la viabilidad de la misma y el resguardo de las fuentes y puestos de trabajo, aportando una propuesta concordataria que compense el esfuerzo adicional que los acreedores realizan para acompañar el proceso de crisis de la empresa”, informó el magistrado.

Los últimos pasos

Vicentin presentó a principios de agosto ante el juzgado civil y comercial de Reconquista una propuesta de pago por la deuda de u$s 1.400 millones que tiene con más de 1.700 acreedores, con una quita de capital del 75% y un plazo de repago de 20 años.

La oferta es inaceptable y se trata, en rigor, de una formalidad administrativa. Es que el 3 de septiembre próximo vence el plazo para que la empresa haga la propuesta de pago. El documento que presentó la firma ante la Justicia admite que la misma se lleva a cabo "al sólo efecto de cumplir con este acto procesal perentorio".

De hecho, la empresa pidió anteriormente un pedido de prórroga hasta el 31 de marzo de 2022 para presentar un plan de pagos.

El contenido de la propuesta es inaceptable por los principales acreedores, el Banco Nación y entidades financieras internacionales, como así también para la mayoría de los acreedores granarios. Esto es así porque el instrumento con el cual la empresa pagaría el 25% de la deuda bruta que mantiene, sin intereses compensatorios ni punitorios, sería en Obligaciones Negociables (ON) en dólares y pesos y a 20 años. La Comisión Nacional de Valores (CNV) debería aprobar su emisión, que no tiene otro papel similar de una empresa argentina en el mercado de capitales local, lo cual haría difícil encontrar compradores.

Vicentin entró en default en diciembre de 2019. En abril pasado, el Banco Central suspendió a la empresa para la operación en el mercado de cambios luego de confirmar que mantiene una deuda de u$s 40 millones por exportaciones realizadas en 2019 que nunca fueron liquidadas.

Fuente:La Capital