El recurso del terror en este caso parece teatral pero es tan real como lo que terminó pasando. Uno de los delitos ventilados fue la amenaza coactiva a una mujer para que vendiera cocaína para el grupo en su propia vivienda. “O es por las buenas o es por las malas”, le advierte Vergara (al final de este párrafo se puede escuchar el audio). Lo más duro de esa larga audiencia fue oír cómo le anticipan a la madre de un chico de 15 años que matarían a su hijo si no pagaba una deuda de 10 mil pesos por drogas. “Quiero la plata hoy, vengo esperando hace tres meses, no le doy más plazo, los temas de drogas se pagan”, dice Vergara. Es una tristeza escuchar cómo la mujer le dice que se hará cargo y le implora un día hasta cobrar la asignación universal. Ocurrió hace dos meses. Al adolescente lo mataron de tres tiros en su casa de Lincoln 2961, a veinte cuadras del Monumento a la Bandera, el 23 de mayo pasado.

Dos días después de esa audiencia ocho personas fueron condenadas por narcotráfico en la Justicia federal de Rosario. El más conocido del grupo es Julio Rodríguez Granthon, un hombre que obtuvo licencia de piloto comercial y que está imputado en el asesinato del pastor Eduardo Trasante. En el juicio, el fiscal Federico Reynares estimó que la estructura movía entre 12 y 14 kilos de cocaína por semana, que Granthon tiene relación directa con Guille Cantero y recordó que al detener al grupo solo en un allanamiento a esta red le decomisaron 110 mil dólares.

Ariel Guille Cantero está detenido desde hace ocho años. Pero eso no ha sido ningún obstáculo para la potencia y la vigencia de sus emprendimientos. Esta semana que pasó su nombre discurrió largamente en las audiencias citadas en dos tribunales distintos. La calle sigue arrastrada por una marea de cocaína que se compra y se consume. Las escaramuzas del negocio producen una violencia sostenida. En algunos casos es más brutal como la que mató a Marcos Basavilbaso hace dos meses. En otras en el comercio no aflora sangre como no se vio en el caso de la red sentenciada en la Justicia federal. Lo que hay siempre de común es la colosal capacidad de producir dinero.

Será muy difícil que la enorme cantidad de extorsiones, heridos de balas, homicidios y destrozos humanitarios que produce el comercio de drogas en Rosario baje con controles de seguridad o con cárcel para los sectores violentos. Eso es lo que más o menos tenemos hoy y amplias zonas urbanas son un hervidero. La violencia es en realidad un epifenómeno de la rentabilidad de la droga. Hay violencia porque la droga genera plata. Porque hasta ahora a las diversas agencias del sistema penal les cuesta dar con dos resortes vitales. Los actores clave que manejan la plata, como el hombre que iba a invertir 800 mil dólares en un edificio de Echesortu. El éxito de estas personas es que son actores vitales para distanciar la masa patrimonial de su origen delictivo. La figura del inversor no está sola. Requiere de una cadena de ejecutantes (abogados, contadores, financistas, promotores inmobiliarios) que lo ayudan. Lo que logran se llama blanqueo. Los tiratiros que se matan en las calles no lo saben pero trabajan para ellos.

Las conexiones entre todas las partes que trabajan para los inversores del dinero del delito no exigen presencia física. No los veremos sentados en una mesa ajustando los movimientos de cada parte. Pero cada parte garantiza el suceso de la empresa ilegal. Y lo que se viene mostrando es que en esa mesa conjetural también está sentado el Estado. De la balacera al Casino City Center que mató a un apostador lo que se derivó es que había una estructura para explotar el flujo del dinero del juego. Todo empezó porque Cachete Díaz, el ejecutante de las extorsiones de Guille Cantero, chantajeaba al empresario Leonardo Peiti. Investigando eso se supo que Peiti pagaba sobornos al exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal y al exfiscal adjunto Gustavo Ponce. Y que eso financiaba campañas proselitistas de la política con representación institucional.

Todo puede desaparecer por un momento pero inexorablemente también todo se actualiza. El viernes próximo, en dos nuevas audiencias, se dibujará el esquema real del vigor de la criminalidad en Rosario, de su capacidad presente y de sus proyecciones al futuro en la violencia y en los negocios. Una es el comienzo del juicio oral y público contra quienes diseñaron y ejecutaron algo que solo pasó en esta ciudad: un ataque sistemático y masivo contra objetivos de funcionarios judiciales que investigaron a una misma organización criminal. El principal juzgado aquí será Guille Cantero.

En la tarde del mismo día el mismo Guille Cantero será imputado como ideólogo de extorsiones a taxistas y de la balacera contra el casino de Rosario donde un apostador resultó asesinado. Los Monos extorsionaban al empresario Leo Peiti. Éste, para saber quién lo chantajeaba, recurrió al empleado de una fiscalía para obtener datos. Le pasaban a Peiti la información porque éste pagaba con el dinero de sus casinos ilegales a una red estratégica para que le diera cobertura institucional. Dos fiscales están presos por ello y los acusadores señalan que sectores de la política santafesina comían de la misma mano.

Ese caso es la llave que condujo a detectar que al orden clandestino, como dice el criminólogo Matías Dewey, lo convalida el Estado. La ilegalidad es central para la construcción de poder y a veces de gobierno. El orden clandestino surge cuando el que adopta comportamientos mafiosos es el Estado. Investigando a los que balearon al Casino, los fiscales descubrieron que Peiti era extorsionado por Los Monos. Pero también que Peiti le compraba complicidad a altos funcionarios del Estado, como a Serjal, para seguir con sus actividades ilegales. No se sientan en la misma mesa con Guille Cantero. Pero todos son parte de la misma cadena de lo ilícito.

El Colegio de Magistrados en Rosario exigió que los atentados a viviendas de jueces y fiscales se esclareciera. Ahora que eso pasó es de esperar que cada parte dimensione la responsabilidad de aportar en el lugar que le toque. Sería ruinoso en términos simbólicos en una sociedad que demanda protección que algún magistrado que fue víctima reniegue de presentarse al juicio si resulta requerido. Lo más importante es señalar una constante. Y es que zonas enormes de la ciudad están tomadas por las extorsiones y el comercio de drogas. Eso produce una violencia enorme medida en homicidios y abuso de armas. Pero si esto pasa no es por ánimo de sembrar de agujeros las esquinas sino porque aquello da efectivo.

Desde la cárcel de Marcos Paz en cinco días Guille Cantero afrontará dos nuevos juicios. Lo que le preocupa a su grupo no es tanto cuántos años le darán sino que proyectos como el del edificio de Echesortu puedan seguir adelante. Pese a algunos cambios, hoy la estructura de persecución provincial tiene dificultad para apuntar, en vez de a los tiratiros, a los que manejan la plata. Grupos que no reniegan de manejar una semiautomática han aprendido a rodearse de gente que piensa qué destino darle al dinero. En tanto el dinero fluya las balaceras para apropiárselo en un mercado fragmentado y dinámico se multiplicarán. El peso deprimente y agobiante de hechos multiplicados recaerá sobre los que investigan a quienes disparan y no sobre los que se enfocan en quienes maniobran el motor económico que produce los disparos. Si puedo invertir la plata que consigo tirando, la violencia de irracional no tiene nada.

Fuente:La Capital