Otro revés judicial para la defensa de Lázaro Báez. La Sala II de la Cámara Federal confirmó que Austral Construcciones, firma insignia del socio comercial de Cristina Kirchner, no podrá abrir una cuenta fiscal como había solicitado en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal. El juez Sebastián Casanello consideró que por estar procesado por lavado de dinero junto a su hijo Martín (ambos accionistas de la constructora), no corresponde otorgarle dicho beneficio, medida confirmada por los jueces de Cámara.

Austral Construcciones SA (ACSA) es la principal empresa de Lázaro Báez, preso hace un año, con la que ganó 52 contratos viales durante el kirchnerismo por $ 46.000 millones (valor actualizado a 2016 por Vialidad Nacional). Este caudal de fondos y las licitaciones adjudicadas, convirtieron al Grupo Austral, según la Justicia, "en el principal beneficiario de la obra pública en Santa Cruz".

Tras la detención de Báez el 5 de abril de 2016, la debacle del Grupo Austral fue estrepitosa. Lejos de los contratos millonarios, acumuló deudas con sus proveedores, despidió en un mes a 5.000 trabajadores, perdió las últimas 24 licitaciones que le quedaban (el Gobierno se las rescindió) y la firma quedó completamente inactiva con un concurso de acreedores que no prosperó en la Justicia por las "inconsistencias contables" entre otras irregularidades, según sostuvo la resolución.

Con un capital de $ 250.539.000 entre parque automotor y el predio de sus instalaciones en el acceso a Río Gallegos, ACSA busca recuperar el movimiento de algunos fondos. Dejando de lado la obra pública, su principal caja durante los últimos doce años, la firma percibe cerca de $ 845.000 mensuales, en concepto de alquileres por diversos inmuebles, que no están bancarizados y parte del dinero, incluso, está sospechado de ser movido a través de cuevas financieras.

Sin embargo, y con la empresa detenida, Báez insistió ante la Justicia para que se le autorice a la apertura de una cuenta fiscal y así, poder acogerse a la moratoria de la AFIP. El juez Casanello resolvió negar dicha solicitud, sosteniendo que tanto el empresario K como su hijo Martín (ambos accionistas de Austral en un 95% y 5% respectivamente), se encuentran procesados por lavado de dinero y que además, hay sospechas sobre el manejo de fondos para "evadir medidas judiciales como el embargo de $ 800 millones", explicaron fuentes de la causa.

Junto con este planteo, también se señaló que el pedido de la defensa de Báez, a cargo de Maximiliano Rusconi, no alcanza al hijo del empresario K accionista de la firma, que cuenta con otros abogados. "No está acreditado ningún tipo de representatividad con relación a la voluntad de la persona jurídica como tal", consigna la resolución el magistrado.

Mientras la Cámara Federal confirmó la decisión de Casanello, en el fuero Penal Económico el concurso de acreedores no prosperó. No está claro para la jueza en lo comercial, María José Gigy Traynor, cuándo inició realmente la cesación de pagos, entendiendo esto como imposibilidad de afrontar obligaciones en forma regular, "qué validez podría otorgarse si con posterioridad a la promoción de su concurso preventivo, la empresa continuó abonando cheques por más de $ 7 millones", indica la resolución.

Entre otros aspectos poco transparentes de Austral Construcciones, la Jueza indicó que no es clara la declaración de los activos y pasivos de la empresa. "El detalle fue confeccionado el 31 de agosto, dos meses antes de la presentación del concurso preventivo", manifestó y después se concentró en todos los inmuebles escriturados a nombre de la firma insignia de Báez de los cuales no se presentaron los títulos de las unidades afectadas a alquileres.

La lista de empleados arrojó sospechas igual: trabajadores que aparecen duplicados, indicándose remuneraciones diferentes por el mismo período, hay 20 trabajadores con domicilio en Misiones que no se encontrarían "desarrollando ninguna actividad en tal provincia", remarcó la Magistrada.

FUENTE: CLARIN