La Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario, que investiga una presunta estafa detrás de la caída de Vicentin, ordenó ayer seis allanamientos en domicilios de Reconquista, Avellaneda y Santa Fe. Todos están relacionados con el hijo del actual presidente del directorio de la agroexportadora y apuntaron a indagar sobre el origen de u$s 250 mil que se encontraron en su caja de seguridad.

Este hallazgo se produjo en marzo pasado, cuando se ordenaron una serie de procedimientos que incluían la inmovilización de activos de directivos de la agroexportadora y sus círculos más cercano. Si bien derivaron de actuaciones relacionadas con la causa penal que se tramita en los tribunales locales por la crisis de Vicentin, los resultados de los operativos de ayer, en primera instancia, no tienen una relación directa con ese expediente.

El caso es que en una caja de seguridad a nombre de Gastón Scarel (hijo de Omar, el actual presidente del directorio) se encontró esa suma de dinero. Para justificar su tenencia, aludió a una operación que había realizado como agente franquiciante de una conocida red inmobiliaria de alcance nacional. Dijo en su momento que se trataba de un depósito realizado por el eventual futuro comprador de un campo y presentó un contrato que luego se determinó que había sido confeccionado con el solo efecto de justificar el depósito. La transacción nunca existió.

En ese entendimiento, la Justicia encuadró el procedimiento en la investigación de los delitos de falsedad ideológica y uso de documento público falso. Desde la Fiscalía estudian si derivan actuaciones al fuero federal para que investigue el posible delito de evasión fiscal.

Los allanamientos abarcaron la oficina de la agencia inmobiliaria de Scarel, su estudio contable, su domicilio personal, una escribanía y un domicilio en Santa Fe, vinculado a quien aparece como el que hizo el depósito.

La causa

Mientras tanto, la Fiscalía sigue analizando y trabajando con la documentación secuestrada durante los allanamientos de diciembre del año pasado. También mirando con lupa las conclusiones expuestas en el informe de la auditoría forense contratada en el marco del concurso de Vicentin.

Ese informe, elaborado por tres estudios de profesionales de alto prestigio a nivel nacional e internacional, fue demoledor. Concluyó que los directivos de Vicentin maquillaron balances y ocultaron un pasivo de casi u$s 900 millones a los acreedores para seguir tomando crédito y recibiendo granos, aun sabiendo que no estaban en condiciones de pagarlos.

Esta maniobra, subraya el informe, fue facilitada por la creación de un entramado de sociedades, muchas de las cuales están radicadas en el exterior.

Ese trabajo es considerado como “oro en polvo” en la Unidad de Delitos Complejos, entre otras cosas porque va en línea con la principal dirección de la investigación. También con las presentaciones realizadas por los primeros querellantes, como el abogado Gustavo Feldman, los bancos extranjeros y los grandes acreedores comerciales que se fueron sumando a la causa.

Esta información, así como las que se siguen generando en el marco de las investigaciones, serán puestas sobre la mesa cuando se realicen las audiencias imputativas, lo que probablemente ocurrirá hacia el tercer o cuatro trimestre del año.

Fuente: La Capital