El problema no es nuevo. Sin embargo, en algún momento se torna imprescindible instrumentar los mecanismos adecuados como para enfrentarlo: el ausentismo en los distintos niveles del Estado plantea una situación manifiestamente desigual con respecto a quienes se desempeñan en el ámbito privado, verdadero generador de recursos genuinos a través de la actividad y el pago de impuestos.

El gobierno de Santa Fe lo sabe. De hecho, desde el año pasado el Ministerio de Educación se encargó de colocar este tema en el debate público. Ahora, las máximas autoridades del Ejecutivo se muestran decididas a tomar las medidas necesarias en un intento por torcer una realidad histórica.

Durante los últimos días, el gobernador Miguel Lifschitz reconoció que, cuando se realizan críticas al Estado por falta de eficiencia, incumplimientos y ausentismo de sus agentes, “hay una base de realidad”.

“Nos parece que hemos hecho una oferta salarial importante con relación a otras provincias. Por eso necesitamos mostrarles a los ciudadanos que somos capaces de trabajar de manera conjunta con las organizaciones gremiales para lograr una mayor efectividad del trabajo público. Queremos tomarlo seriamente porque son costos en educación, salud pública, seguridad”, remarcó sin eufemismos el primer mandatario.

Lifschitz descartó restaurar el presentismo docente. Pero advirtió que se deben buscar alternativas y aseguró que existe buena predisposición por parte de los gremios.

Desde la mirada de quien tiene la responsabilidad de administrar los recursos, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, también planteó la necesidad de avanzar con este tema. Según el funcionario, el ausentismo en Educación se redujo del 16 al 11 por ciento en 2016. Sin embargo, adelantó que la idea apunta a extender las medidas adoptadas en este área al resto de la administración pública.

El gobierno avanza en acuerdos con facultades de Ciencias Médicas para crear un sistema de auditorías que contribuya a generar información de base, para determinar patrones de enfermedades en determinadas circunstancias.

Reducir los niveles de inasistencias no sólo representa la posibilidad de brindar mejores servicios desde el Estado sino, sobre todo, ahorrar dinero que en estos momentos se pierde por causas que no siempre parecen estar debidamente justificadas. La reducción del ausentismo docente durante el año pasado, permitió al Estado provincial un ahorro de casi 200 millones de pesos en conceptos de reemplazos.

Otros poderes deberían transitar un camino similar al que parece haber elegido el Ejecutivo. Lo que sucede en este sentido dentro del Legislativo no suele trascender demasiado. Quizá, porque no parece justo realizar reproches a los empleados del área, cuando son los mismos diputados y senadores quienes suelen ausentarse por períodos prolongados de sus funciones en la Legislatura. Sobre todo, en épocas electorales.

En la Justicia existen claros reclamos en este sentido. A fines del año pasado, el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción presentó una nota a la Corte Suprema en la que se planteó la necesidad de extremar los criterios para autorizar los permisos de licencias extraordinarias “a los fines de evitar abusos que desvirtúen el fin previsto por la normativa”.

Desde el organismo que nuclea a los abogados locales insisten en que “numerosos funcionarios y empleados” utilizan estas licencias estipuladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial “para fines turísticos, lo cual, amén de violentar el espíritu de la ley, redunda en un perjuicio para el servicio de Justicia”.