El hasta ayer presidente de la comisión, el socialista Joaquín Blanco, indicó que enviarán todas las actuaciones al presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, el radical Fabián Bastía, y al MPA. Ahora el órgano de la Cámara baja encargado de motorizar la acusación contra funcionarios será encabezado por Nicolás Aimar (PS), que ocupó la banca vacante por el fallecimiento de Miguel Lifschitz y reemplazó en la comisión al nuevo presidente de la Cámara baja, Pablo Farías.

Antes de la reunión de la comisión, Sain disparó desde su cuenta de Twitter en varias direcciones a sus blancos predilectos.

“En Santa Fe, el enchastre institucional que hace el ‘bloque tradicional de poder’ (socialista, radical, peronista y judicial) es grandioso”, escribió.

Y agregó: “Por un lado, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continúa con un proceso de juicio político a un ex ministro, es decir, a un fantasma. Por otro lado, el Fiscal General del MPA Jorge Baclini le abre un sumario administrativo en el ámbito del MPA al director del Organismo de Investigaciones por su desempeño como ministro (en otro poder) cuando hacía uso de la licencia en el MPA concedida por aquel”.

“¿No es cosa de loques (sic)?”, remató.

Trámite

Mientras tanto, el trámite continúa en la órbita del Ministerio Público de la Acusación. Tras un flipper interno entre distintas dependencias del MPA, la denuncia llegó a las manos del fiscal regional de Reconquista. A fines de abril, Baclini le dio un plazo de 60 días hábiles a Rubén Martínez para que defina si el expediente prospera o se archiva.

Martínez debe decidir en este lapso si entre las presentaciones del fiscal regional de la capital provincial, Carlos Airetti, y las de 27 diputados opositores se encuentran “faltas graves”. Además de sus declaraciones de alto voltaje, a Sain lo acusan por la situación de hacinamiento en las comisarías e irregularidades en la compra de armas.

La ley establece que si la denuncia supera esa instancia, deberá intervenir la comisión bicameral de Acuerdos.

El cuerpo está integrado por 4 senadores -Alcides Calvo, Lisandro Enrico, Joaquín Gramajo y Rubén Pirola- y 8 diputados: además de Bastía, Clara García, Leandro Busatto, Lionella Cattalini, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz, Maximiliano Pullaro y Gabriel Real.

Los números son inquietantes para Sain: se trata de ocho legisladores opositores, dos que pertenecen al espacio liderado por Armando Traferri —otro de los enemigos de Sain en la provincia— y sólo dos están alineados con Perotti.

Si la acusación contra Sain avanza, su futuro se definirá en la Legislatura santafesina

Las opciones que se abren son la desestimación de la denuncia, la suspensión por hasta 180 días o la remoción. Cualquier tipo de sanción requiere la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara reunidos en sesión conjunta. También allí la aritmética es desfavorable: sus adversarios dominan tanto Diputados como el Senado.

De todos modos, en la política no están seguros de que la denuncia aterrice en la Legislatura. Pullaro cree más probable que el tema se termine en el MPA. “A menos que sorprenda el MPA alguna vez”, deslizó el presidente del bloque radical. Y añadió: “Si el MPA acusa e imputa Acuerdos se tiene que abocar”.

No obstante, evitó adelantar su postura. Si lo hiciera, remarcó, podrían impugnarlo.

El mismo hermetismo domina el MPA. Consultado por este diario, Baclini -que recibió la semana pasada una carta de Sain en la que alerta sobre irregularidades en las investigaciones del OI mientras él fue ministro- también evitó hacer declaraciones.

En el peronismo también están dando vuelta la página. El polémico estilo del ex ministro le agotó el crédito en varias tribus del oficialismo y nadie se embarcará en una cruzada pública por sostenerlo.

Lo que sí hacen circular desde el PJ santafesino es una larga lista de funcionarios del Frente Progresista que, al igual que Sain, transitaron del Ejecutivo a la Justicia pero con ellos, se quejan, no hubo planteos de incompatibilidad. En ella figuran, entre otros, Matías Drivet, ex viceministro de Seguridad y hoy juez penal en Rafaela; Hebe Marcogliese, ex titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, hoy jueza penal en Rosario; y Víctor Moloeznik, ex director provincial de Transformación del Sistema Procesal Penal, hoy subdirector provincial de Investigación Criminal del MPA.

Fuente:La Capital