"Cannabis medicinal", las dos palabras pronunciadas por el gobernador Omar Perotti el primer día de mayo pasado, durante el inicio del período legislativo, sorprendieron a las personas que usan el aceite para el tratamiento de distintas enfermedades. La planta volvía a ingresar al recinto como parte de una política de Estado. Un mes después, el desarrollo de un fármaco en base a cannabis avanza a paso firme: esta semana se registró el "aceite de cannabis de alto contenido de CBD" producido por el laboratorio provincial en el Formulario Terapéutico de la provincia y se estima que en dos meses estará listo el primer lote, que tendrá un precio tres veces menor a los productos importados que hoy circulan en el mercado. Además, la Agencia Santafesina de Ciencia invertirá 45 millones de pesos para desarrollar investigaciones en cannabis, salud y bioeconomía.

El LIF es el laboratorio púbico creado en 1947 que actualmente produce polvos pediátricos, inyectables, cremas pediculicidas y todo tipo de comprimidos (antibióticos, antihipertensivos, analgésicos, anticonceptivos y, desde hace tres años, misoprostol) que se utilizan en los centros de salud y hospitales santafesinos.

El laboratorio acaba de recibir la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) para importar de California (Estados Unidos) los principios activos que le permitirán producir el primer lote de aceite de cannabis. De acuerdo a los planes de los profesionales del LIF, en menos de un mes esperan recibir la materia prima, lo que permitiría producir el primer lote de aceite de cannabis "hecho en Santa Fe" en los próximos 60 días.

"Estamos terminando los trámites de importación de los principios activos, tenemos el producto registrado en el formulario terapéutico provincial, por lo cual estimamos que en dos meses vamos a ofrecerlo a los hospitales públicos y a la obra social de la provincia para que los médicos lo puedan recetar", señala Robaina. Recuerda además que el año pasado el Iapos invirtió "cifras millonarias" en importar los frascos de aceite para sus afiliados, mientras que con la producción pública se puede ofrecer un producto "de la misma calidad" a un precio mucho menor. ¿Cuánto? "Nuestro costo de producción representa entre un 20 y un 30 por ciento del valor de mercado", afirma el director del LIF.

Hasta hace ocho meses, los usuarios de aceite de cannabis sólo podían acceder al aceite a través del autocultivo, de una red de cultivadores solidarios o mediante la importación de aceites de Estados Unidos o Canadá (el más conocido es el aceite de Carlotte). En octubre del año pasado la Anmat aprobó por primera vez un producto de fabricación nacional: el Convupidiol, un medicamento del laboratorio Alef para tratar las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet en personas mayores de dos años. El frasco de 35 mililitros se vende en farmacias en unos 63 mil pesos. "Es un precio inaccesible para la mayor parte de la población", considera Robaina y marca la importancia de que el Estado aborde la producción pública para garantizar el acceso.

De acuerdo a datos del año pasado, entre los pacientes del Iapos y de los hospitales públicos se recetaron entre 900 y mil frascos de aceite para el tratamiento de pacientes con epilepsias refractarias. Para cubrir esta demanda, el LIF necesita producir entre 30 y 40 litros de aceite. Un volumen "pequeño" para la capacidad de la planta pública. "Actualmente estamos en condiciones hasta de multiplicar por diez esa cantidad y si en un futuro la demanda sigue creciendo, ya tenemos un proyecto de ampliación para producir a escala mayor", asegura el funcionario.

Mamás que se plantaron

Santa Fe fue pionera en sancionar una ley de cannabis medicinal. En diciembre de 2016 se aprobó la ley N°13.602 que incorpora los medicamentos a base de cannabis para el tratamiento de un amplio abanico de enfermedades. Tres meses después, el Senado Nacional avaló la ley 27.350 que regula la investigación médica y científica del uso del cannabis. Pero hubo que esperar tres años más para que la nueva reglamentación de esa norma impulse la investigación y garantice el acceso a las terapias mediante el autocultivo, el cultivo solidario o la producción en laboratorios públicos o privados.

Un reclamo histórico de numerosas organizaciones de usuarios. "La producción pública posibilita el acceso al medicamento a personas que no pueden o no quieren cultivar, que van a tener una fuente legítima para llegar al aceite", advierte Patricia Mola y señala que la fabricación estatal también "terminará con el lucro de un amplio mercado por el que circulan muchos aceites truchos, que no están testeados y no se sabe siquiera que contienen".

Mola es una de las integrantes de las "Madres que se Plantan", una organización que logró un amparo judicial colectivo para poder cultivar y producir los aceites que mejoran la calidad de vida de sus hijos. Para ella, la nueva reglamentación de la ley y las iniciativas de producción pública "son un paso enorme, porque ahora podemos cultivar en forma legal y no estar a merced de un allanamiento o de tener el mismo trato que un narcotraficante y también que exista una producción pública, porque no todo el mundo puede cultivar o esperar el tiempo que lleva el crecimiento de las plantas".

Los nuevos brotes verdes

Si bien generalmente se habla de aceite de cannabis, el director del LIF considera más apropiado nombrarlos en plural. "No todos los aceites son los mismos. Nosotros vamos a producir un aceite con alto contenido de CBD, uno de los principios activos de la planta, un cannabinoide de efecto desinflamatorio, pero hay otros cannabinoides que también aportan a las terapias, como el THC que tienen más poder psicoactivo", explica.

Por eso el proyecto implica un riguroso control de la calidad de los principios activos, que se realizará en los laboratorios de las universidades nacionales de Rosario y del Litoral, y también la realización de ensayos clínicos que permitan conocer qué sucede con formulaciones que incorporen, por ejemplo, un mayor contenido de THC; o reunir evidencia sobre tratamientos de patologías diferentes a la epilepsia refractaria.

Aseguradas estas etapas, "el procedimiento de producción, partiendo de los principios activos, es muy simple", apunta Robaina. Pero el proyecto es más ambicioso. Incluye un convenio con el Inta para habilitar un espacio para el cultivo público de variedades de plantas de cannabis. "Eso significaría cerrar una cadena desde la semilla, la planta, la extracción del concentrado de los principios activos y la elaboración del aceite", describe.

No solo medicamentos

El miércoles pasado, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, presentó el proyecto de ley para "el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”. La norma establece los mecanismos para la regulación de la actividad, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve el desempeño de las cooperativas del sector y de las pequeñas y medianas empresas.

A tono con la iniciativa, ese mismo día lanzó las bases y condiciones para financiar proyectos de investigación relacionados con "Cannabis, salud y bioeconomía". En el marco del plan de Excelencia en Investigación Científica y Tecnológica se destinarán 45 millones de pesos para apoyar grupos que presenten proyectos de investigación y desarrollo relacionados con estos temas.

El objetivo, dice Robaina es lograr no sólo el desarrollo de métodos analíticos para garantizar la seguridad de los aceites, sino nuevos productos, como por ejemplo cremas o cosméticos. El director de LIF subraya que "es un tema que estamos abordando en conjunto con otras áreas de la provincia, como el Ministerio de Salud, de la Producción y de Seguridad" y resalta que hay todo un cambio de paradigma relacionado con la planta de cannabis, relacionada al desarrollo productivo y al mejoramiento de las economías regionales.

De acuerdo a proyecciones de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann, una organización formada por unas 40 asociaciones y empresas), el futuro es promisorio: se espera que en seis años el mercado mundial de la industria cannábica mueva más de 40.000 millones de dólares. Con este escenario, la Argentina podría generar un mercado interno de unos 450 millones de dólares.

Jujuy lleva la delantera con la creación de una empresa estatal para promover un polo agrícola y productivo relacionado al cannabis, pero otras provincias como Buenos Aires, Corrientes, San Luis y Mendoza también presentaron sus proyectos cannábicos.

¿Cómo se posiciona Santa Fe en este verde mapa? Para el director del LIF, lleva ventaja. "Somos la primera provincia que registra su producto y la primera que va a tener aceite de cannabis producido en un laboratorio público", afirma.

No falta mucho, promete, apenas dos meses.

Fuente:La Capital